¿Qué hacemos con RTVE?

La salida de Alberto Oliart de la presidencia de CRTVE hace un año dejó al descubierto un «agujero negro» en la ley vigente, pues esa normativa no preveía algo tan elemental como el mecanismo de sustitución del máximo responsable de la Corporación. No es que sea imposible el nombramiento inmediato de un nuevo presidente en estas situaciones, pues bastaría con que el PP y el PSOE se pusieran de acuerdo en una figura de consenso y la refrendasen dos tercios del Congreso de los Diputados. Pero los socialistas no tienen prisa, por la inminencia de las elecciones andaluzas, y existe además otro condicionante: cualquiera que fuera nombrado ahora sólo podría estar en el cargo hasta diciembre, sin posibilidad de reelección. ¿Por qué? Porque según la normativa vigente, el elegido vendría a cubrir el tiempo que le faltaba al anterior para completar su mandato, que en este caso expiraba a finales de 2012.

Hasta ahora, desde que Oliart se fue, se ha recurrido a la solución provisional de que la presidencia la ocupen de forma rotatoria los once miembros del Consejo de Administración restantes, cada uno un mes. Por la falta de previsión de la ley, se ha halló esa fórmula tras escarbar en los estatutos de RTVE, pero el vacío «de facto» es una realidad porque a esa presidencia de turno no se le dio capacidad ejecutiva . Ha servido, simplemente, para que la Corporación no se colapse. Por ello, el Gobierno se ve atrapado entre su voluntad de consensuar un nuevo presidente de CRTVE y su interés en atajar cuanto antes excesos de «territorio comanche» en los informativos. Para eso, según fuentes de La Moncloa, ya cuenta con un informe de la Abogacía del Estado que recomienda modificar los estatutos de RTVE con el fin de que la presidencia de turno tengan un mayor margen de decisión en situaciones de interinidad como la actual. Y en marzo corresponde ser presidente a uno de los consejeros designados a propuesta del PP, por lo que se puede lograr adelantar el punto final de inercias heredadas, como la continuidad de Fran Llorente al frente de la jefatura de Informativos.

Pero a esa maraña política y orgánica se le han unido los acuciantes problemas presupuestarios, tras el recorte de 200 millones. Ante la sima económica, se impone la necesidad de buscar alternativas , dado que el Ejecutivo del PP se mantiene firme en dos principios: ni se volverá a emitir publicidad a corto plazo (no se quiere abrir un frente de conflicto con el «lobby» de las televisiones privadas) ni se reducirá la plantilla, actualmente de 6.500 trabajadores. Con lo cual la única vía de ahorro a corto plazo es renunciar a las series de relumbrón.

Fuentes del Consejo de Administración explican que «de los 1.200 millones totales de presupuesto anual, un tercio (o, sea 400 millones) es para salarios, otro para mantenimiento y funcionamiento de las instalaciones y el restante para programación. Así que sólo cabe ahorrar en ese capítulo si lo que se quiere es mantener el empleo.

Las actuales circunstancias determinan el punto final de la puja por los carísimos derechos de las emisiones deportivas, de las películas americanas de estreno y de las series rumbosas como «Águila Roja» o «Cuéntame». Pero el portavoz del PP en la Comisión Mixta Congreso-Senado para RTVE, Ramón Moreno, se pregunta si realmente «es obligación de una televisión pública ser líder de audiencia». Y, además, apunta, «si se reactiva la producción propia, hay trabajadores y medios para ofrecer calidad y ser competitivos . Con una eficiente gestión de los recursos no tiene por qué haber una condena eterna a niveles bajos de “share”». Otras fuentes estiman que algunos de estos productos están sobrevalorados: «Con los 800.000 euros por capítulo que cuesta “Águila Roja” hay que ser muy torpe para no hacer una serie capaz de ganar varios Emmy».

Lo inevitablemente gravoso es lo ya comprometido, a estas alturas un 80 por ciento del presupuesto de programación: por ejemplo, los 90 millones de euros por los derechos de los Juegos Olímpicos de Londres. Desde el Consejo de Administración apuntan que «las retransmisiones olímpicas se consideran servicio público y siempre cargamos con ellas. Hasta ahora, el Gobierno nos compensaba con una subvención específica, pero este año no toca. Así que no es sólo que nos quiten 200 millones, es que además no nos subvencionan por los Juegos como otras veces». Entretanto, se mantiene un inasumible plantel de 240 directivos. «En las Cortes nos presentaron el organigrama —apunta el diputado Moreno— en un rollo de papel de siete metros».

La rebaja de sueldos también toca en RTVE, donde se aplicará hasta un 25 por ciento de recorte a los de los presentadores estrella . Las medidas de contención de salarios anunciadas en el último Consejo de Ministros se podrán aplicar a los directivos, pero no tendrían por qué ser de obligado cumplimiento para los rostros populares de la cadena. «El sueldo de Anne Igartiburu —apunta un consejero— deriva de un contrato mercantil y lo fija el mercado. Si no se lo das, se va a Telecinco. Y algo parecido se puede decir de ciertos presentadores de telediarios. Aunque estén en plantilla, si su informativo es líder hay que compensarles con complementos, por la ley de la oferta y la demanda». Es el efecto secundario de ofrecer desde una televisión pública un modelo de programación propio de las privadas.

Muchos condicionantes, en suma, para que sea viable RTVE tal y como la hemos conocido hasta ahora. Ante la penuria presupuestaria, el Consejo de Administración de la Corporación propuso al Gobierno una exención del IVA para «recuperar» unos cien millones de euros . La idea está en estudio, pero nadie confía en que salga adelante: «No va a querer Montoro que se le escape por un lado lo que se ahorra por otro».