Zapatero y sus promesas

El Gobierno no parece haber aprendido que el método de prometer lo que no se puede dar pone en riesgo las instituciones y crea confrontaciones innecesarias

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La reunión que ayer mantuvieron Rodríguez Zapatero y Montilla sobre el Estatuto de Cataluña se saldó con una escenificación de mensajes equívocos y promesas vacías que recuerdan el proceso previo a la aprobación del texto estatutario. Esta vez, Zapatero ha cambiado a Artur Mas por Montilla, pero las promesas de desarrollar el autogobierno catalán y de modificar leyes estatales para compensar los efectos de la sentencia del Tribunal Constitucional se parecen mucho a los compromisos que el presidente del Gobierno asumió con el líder nacionalista para sacar el Estatuto adelante, con el resultado ya conocido. Zapatero quiere ganar tiempo, calmar las aguas y entretener a los partidos catalanes con medias palabras y ofertas inanes. Sin embargo, el Gobierno no parece haber aprendido que este método de prometer lo que no se puede dar pone en riesgo las instituciones y crea confrontaciones innecesarias. Las declaraciones oficiales de Montilla y la vicepresidenta De la Vega al término de la reunión expresan un voluntarismo inverosímil en políticos con responsabilidad de gobierno. Su diagnóstico de la situación creada tras la sentencia del TC es un cúmulo de falseamientos de lo que este órgano ha declarado y de las posibilidades reales que ambos gobiernos tienen para dejar sin efecto las interpretaciones y juicios de inconstitucionalidad del alto tribunal sobre el Estatuto.

No es un problema de voluntad política el que tienen Zapatero y Montilla con lo que ellos llaman «desarrollo del Estatuto», sino de puro y simple respeto a la Constitución y a la sentencia del TC. Creer que un pacto político es suficiente para convertir en legal lo que el TC ha declarado ilegal revela un grave desprecio por el orden constitucional y, en definitiva, por el Estado de Derecho. Por eso es igualmente irresponsable reducir la sentencia del TC a una sucesión de meras recomendaciones o limitar sus pronunciamientos de inconstitucionalidad o interpretación a cuestiones de forma. No es cierto, por ejemplo, que el TC permita al Parlamento nacional dar a Cataluña el poder judicial que estaba previsto en el Estatuto solo con reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial. El TC ha dejado muy claro que el poder judicial está al margen de la organización autonómica del Estado y que solo tiene como órgano de Gobierno al CGPJ. Y estos principios no se pueden alterar por ninguna ley, sea orgánica o estatutaria. Acuciado por el problema que él mismo creó, Zapatero está al borde de incurrir en el segundo engaño estatutario, del que nadie más que él, ni el Partido Popular ni el TC, sería responsable.