Solo la rendición

Cuando ETA quiera dejar la violencia no tendrá más que entregar sus arsenales, desmantelar su red de «zulos», devolver el dinero de la extorsión y, sobre todo, pedir perdón a las víctimas y entregarse a la Justicia

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EN su boletín interno («Zutabe») de abril de 2003, la organización terrorista ETA describía sus decisiones de alto el fuego como «instrumento político y militar para utilizar a su antojo». Estos rasgos han sido los decisivos de todas las treguas anunciadas por ETA, confirmándose por la experiencia histórica que los ceses temporales o indefinidos de la violencia siempre los han puesto los terroristas al servicio de sus objetivos estratégicos. Así sucedió en las dos últimas treguas, con las que ETA pretendía respaldar proyectos políticos que la legitimaban como interlocutor institucional. El primero fue el Pacto de Estella, con el Partido Nacionalista Vasco, en 1998. El segundo, la negociación política con el Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero, pactada clandestinamente por los socialistas con el entramado ilegalizado de Batasuna, primero, y con ETA de forma directa, después.

ETA anunció ayer que «hace algunos meses tomó la decisión de no llevar a cabo acciones armadas ofensivas», lo que algunos podrían interpretar como un alto el fuego que vendría a ser la respuesta a la petición que, en tal sentido, le han venido haciendo la izquierda «abertzale» y, más recientemente, el nuevo polo soberanista formado por Eusko Alkartasuna y Batasuna en un documento sobre condiciones para un proceso de pacificación. La contundencia de los golpes policiales recibidos en los últimos meses y la proximidad de las elecciones municipales y forales en el País Vasco podrían ser los argumentos de fondo de ETA para plantear ahora este cese difuso de la violencia. Pero no hay que ver espejismos en el documento etarra: sigue diciendo lo mismo que en los últimos cuarenta años, porque vincula su violencia a la supuesta negación de derechos al pueblo vasco; y, a la inversa, condiciona la paz a la autodeterminación. Necesitada de un margen de recuperación y con una base social confundida sobre estrategias y objetivos, ETA retoma la vieja fórmula de trasladar al Estado la carga del alto el fuego, mientras busca en el extranjero una caja de resonancia para sus pretensiones. Paralelamente, ETA es consciente de que su definitiva expulsión de las Diputaciones Forales y Ayuntamientos del País Vasco y de Navarra taponaría una vía de penetración y propaganda en la sociedad vasca.

Los terroristas contaron ayer una historia que ya conoce bien la sociedad española. El verdadero problema es que tras ese comunicado haya algo oculto, como en el período 2005-2007. Una vez más, lo que realmente importa no es tanto lo que haga ETA sino la respuesta que dé el Gobierno. Respuesta que debe comenzar por dejar claro que no hay posibilidad alguna de negociar ni de dialogar con ETA. Respuesta que debe incluir el compromiso de la Fiscalía General del Estado con el principio de legalidad, y no la conveniencia política. Es más, si Rodríguez Zapatero y Pérez Rubalcaba son coherentes con sus palabras, la mejor reacción del Gobierno sería la negación absoluta de cualquier valor político a este nuevo anuncio de ETA. Una recaída en el error de la negociación política con ETA pondría al Gobierno en una posición de ruptura definitiva con la sociedad española y con el Partido Popular. No ha perdido vigencia el aviso que hizo Mariano Rajoy en 2006 de que nunca aceptaría los acuerdos que el Gobierno socialista alcanzase con los terroristas. Es mejor pensar que ETA se ha movido por directrices propias, acuciada por el advenimiento de la derrota, sin el estímulo de otra mesa negociadora con el Gobierno para retomar donde quedó la de 2007, en los acuerdos de Loyola. Es mejor pensar que ETA no ha lanzado esta tregua tramposa porque crea que España tiene un Gobierno que siempre negocia, que siempre paga rescates, que siempre cede.

Este es el momento de acabar definitivamente con ETA por medios policiales y judiciales, los únicos que son legítimos en un Estado de Derecho. No caben más «tomas de temperatura» con los terroristas ni más contemplaciones con mediadores internacionales que confunden el terrorismo de ETA con un conflicto balcánico. Ni siquiera sería admisible una actitud «expectante» del Gobierno ante la evolución de la tregua. Cuando ETA quiera dejar definitivamente la violencia no tendrá más que entregar sus arsenales, desmantelar su red de «zulos» y pisos, revelar su entramado de empresas tapaderas, entregar el dinero de la extorsión y, sobre todo, pedir perdón a las víctimas y entregarse a la Justicia. Cualquier otra opción es inútil, y el Gobierno debe rechazarla. De una vez por todas hay que aprender del pasado. ETA busca ahora dividir a la clase política entre los que saben que esta tregua es una nueva trampa y los que se reblandecen al oír la campana de un alto el fuego. La terminación de la violencia terrorista es un fin que no justifica todos los medios. No justificó la guerra sucia ni justifica la negociación política. El Gobierno ya sabe a qué atenerse con los terroristas y con una opinión pública nada dispuesta a secundar nuevos procesos de diálogo con una organización criminal que ha matado a más 800 personas y herido a miles. Solo vale la rendición de ETA.