Un pacto de Estado para cambiar nuestro modelo educativo

Ha llegado el momento de alcanzar un compromiso que haga de la educación una prioridad. La mayoría de los ciudadanos, y por supuesto los profesores, desearíamos que los partidos políticos aparcaran sus diferencias para dotar de estabilidad y perdurabilidad al sistema educativo. La propuesta de pacto formulada por el ministro de Educación, reiterada por ANPE desde hace mucho tiempo, supone no sólo reconocer la relevancia de la educación para el progreso de la sociedad sino que el propio Ministerio está dispuesto a asumir las funciones de coordinación y supervisión que tiene encomendadas.

Tenemos un buen punto de partida para impulsar un acuerdo básico: el artículo 27 de la Constitución, verdadero pilar del Pacto de Estado. Para conseguir una educación de calidad buscando la equidad que nos equipare con los países más avanzados de nuestro entorno, será necesario abordar la vertebración del sistema educativo, su estructura, la financiación de la enseñanza, el desarrollo profesional de los docentes, el funcionamiento de los centros, y la coordinación y cooperación entre todas las administraciones educativas. Sin embargo, si el pacto tiene verdaderamente como objetivo la mejora de la educación, deberá servir para cambiar, en primer lugar, el modelo educativo.

No quiero caer en la simplificación de imputar todos los males del sistema educativo a las leyes de Educación. Sería injusto negar que durante los últimos treinta años se han producido avances sociales importantes como la extensión de la gratuidad de la educación hasta los 16 años y la inclusión de la Formación Profesional entre las enseñanzas regladas. Pero no es menos cierto que las leyes de Educación vigentes en España desde 1985 tienen grave responsabilidad en los problemas actuales. Se trata del modelo educativo socialista -contenido en la LODE, la LOGSE y la LOE- cuyos postulados rebajan la cultura de la exigencia, del rigor y del esfuerzo, como manifiestan los contenidos curriculares y los criterios de evaluación y promoción de curso. Este modelo ha permanecido inamovible a pesar de la sensación de que ha habido continuas reformas.

Por eso, un pacto que quiera ser algo más que una declaración de buena voluntad, deberá revisar el aprendizaje comprensivo que copiamos de Gran Bretaña y que este país abandonó ya en el año 1999. El mito de que todos los alumnos pueden llegar a la vez al mismo punto ha dado lugar a un enorme fracaso. David Blunkett, el ministro de Educación del gobierno de Tony Blair que derogó la Logse británica, al que tuvimos el honor de entrevistar en la revista ANPE, nos dijo con toda claridad: «El sistema británico anterior a la reforma fracasó en la enseñanza Primaria porque no profundizó en las materias instrumentales que fundamentan el aprendizaje. La enseñanza Secundaria falló en parte porque no había unos cimientos bien puestos desde los primeros años de escolarización en Infantil y Primaria y porque se obligaba a todas las escuelas a repetir los mismos esquemas. Este «todos a una» era un mito, una forma de autoengaño. Se pretendía mantener en el mismo nivel a todos los alumnos y todos los colegios, cuando así resulta que es el mismo sistema el que crea las desigualdades. Opónganse desde todos los puntos de vista a las medidas que supongan bajar los niveles educativos, porque significan automáticamente disminuir la igualdad de oportunidades».

Sólo una escuela excelente, en la que se obtenga el máximo rendimiento de cada alumno y se le exija un esfuerzo por lograrlo, puede compensar las desigualdades socioeconómicas. Sólo una enseñanza pública de calidad puede garantizar el principio de igualdad de oportunidades para todos. Por eso tenemos que atrevernos a desechar lo que se ha demostrado poco válido. Es imprescindible aumentar el peso de las materias instrumentales -lectura, escritura y matemáticas- en la enseñanza Primaria, modificar la configuración actual de la Secundaria y prestigiar como merece la Formación Profesional, que debería ser una de las grandes prioridades. Es necesario además ampliar en un año más el Bachillerato y programar sus objetivos y contenidos con exigencia en el aprendizaje y rigor en la evaluación. Sólo así se facilitará la diversificación realista del alumnado de Secundaria y se podrá garantizar también el nivel exigible a los alumnos que lleguen a la universidad.

Por otro lado, en una situación de crisis como la actual, es más necesario que nunca invertir generosamente en educación y a la vez rentabilizar óptimamente los recursos para que reviertan en la mejora del sistema educativo. España no puede seguir manteniendo en poco más del 4 por ciento el porcentaje del PIB destinado a la educación, muy por debajo de la media de la OCDE. El pacto de Estado deberá hablar claramente de financiación.

En cualquier caso, es preciso un cambio hacia parámetros de calidad basados en la valoración del conocimiento, la exigencia en el aprendizaje, la evaluación rigurosa y el esfuerzo como garantía de progreso personal, porque sin esfuerzo no hay aprendizaje. Como ha señalado ya el propio ministro de Educación, estos son valores educativos universales, no exclusivos de determinadas ideologías. Una verdad que los legisladores del modelo Logse olvidaron.

Y una última reflexión. Hay un elemento fundamental del sistema educativo que permanece constantemente olvidado: el profesorado, que también se ha visto afectado por el falso concepto de la igualdad. Recordemos los cambios impuestos en los cuerpos docentes: los «profesores de EGB» que con la Ley General de Educación impartían títulos académicos (graduado escolar), se han visto relegados a testigos de la promoción automática. La enseñanza Secundaria vio desaparecer los prestigiosos cuerpos de catedráticos sustituidos por la figura de la «condición» aunque luego fuesen recuperados bajo criterios de selección muy distintos.

La actual situación del profesorado y su futuro profesional requieren un tratamiento urgente en el compromiso de mejorar la educación. El reciente informe Talis de la OCDE ha puesto el acento en la escasa motivación de nuestros docentes.

Un verdadero pacto por la educación deberá acordar también medidas de reconocimiento, apoyo y valoración de la tarea docente. En este impulso son prioritarios un Estatuto del Profesorado que contemple el desarrollo de una auténtica carrera profesional, desde el ingreso hasta la jubilación, así como la articulación de medidas que incluyan el reconocimiento de la autoridad del docente y que regulen sus derechos y deberes. Es decir, todas aquellas actuaciones que dignifiquen la figura del profesor, le devuelvan su valoración social y hagan más atractiva y motivadora su tarea, de modo que consigamos atraer a la docencia a los mejores profesionales.

La idea de alcanzar un pacto social por la educación es encomiable y merece la pena intentarlo, sabiendo que el pacto es un medio y no un fin en sí mismo. Para ANPE, se trata de un instrumento necesario para cambiar y mejorar nuestro sistema educativo y a conseguirlo dedicaremos todo nuestro esfuerzo. En cualquier caso, todas estas medidas deberán ser abordadas si verdaderamente creemos que la educación es la clave del futuro social y económico de un país.