La Alberca
La última mordida de Fitonovo
La confesión de los empresarios para evitar la cárcel enfrenta ahora a los políticos a la verdad judicial
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el pacto que han firmado la Fiscalía y los empresarios de Fitonovo arroja mucha información sensible acerca de la trama del pago de comisiones a políticos y funcionarios que la juez Alaya detectó en el Ayuntamiento de Sevilla. El caso se ha juzgado en la ... Audiencia Nacional porque la empresa sevillana Fitonovo pagaba mordidas en todo el país, pero su origen está en la Plaza Nueva. Alaya pidió a la Guardia Civil que investigara el patrimonio del director de Vía Pública del Ayuntamiento, el socialista Domingo Enrique Castaño, durante la instrucción de la venta de los suelos de Mercasevilla. Y ahí aparecieron por sorpresa las conexiones con esta empresa, que había regalado a Castaño un coche de alta gama y le había hecho gratis total la rehabilitación de su casa. La juez abrió inmediatamente otra causa paralela y se descubrió que Fitonovo había hecho las obras de la sede del PSOE de la Macarena, había pagado mordidas a funcionarios de Parques y Jardines y había entregado dinero en una caja de zapatos a un coordinador de IU en el Ayuntamiento para que los concejales Antonio Rodrigo Torrijos y José Manuel García le adjudicaran la construcción de todos los campos de césped artificial de la ciudad. Todo esto estaba por juzgar y esta semana han comenzado las vistas para dirimir si lo que dio de sí la investigación era cierto o no. Sin embargo, los empresarios han decidido confesar y pactar con la Fiscalía una reducción de pena que les permite eludir el ingreso en prisión. Es decir, han reconocido el delito de cohecho, que sólo puede cometerse con ayuda de los políticos.
En el juicio matriz se sentaban en el banquillo exclusivamente a los responsables de Fitonovo como urdidores de la trama. Pero, como ocurre en los ERE, ahora tiene que celebrarse un juicio por cada una de las administraciones en las que llevaron a cabo esta maquinación: Canarias, Madrid, Jaén y Sevilla, que es donde empezó esta historia. En este último caso están procesados Torrijos, García, su asesor, los socialistas Castaño y Gómez Lobo, el popular Joaquín Peña y varios funcionarios del Ayuntamiento y de la Diputación. Todos tendrán que acudir ahora a la Audiencia Nacional con una verdad judicial a sus espaldas porque la confesión de los empresarios conduce a una sentencia en la que el pago de comisiones está recogido en el epígrafe de hechos probados. Los abogados de los procesados venden que la rebaja de la pena acordada con Fitonovo desinfla el caso. Pero esto es rigurosamente falso. Ha ocurrido exactamente lo contrario. El caso ha quedado probado. Alaya lo descubrió y lo desvió a la Audiencia Nacional cuando detectó que las prácticas se llevaban a cabo en distintas provincias fuera de su competencia. De hecho, la mayor parte de la instrucción la ha hecho el magistrado José de la Mata. Y ha obtenido tantas pruebas que los empresarios han aceptado el acuerdo. Una mordida definitiva en el cuello de los políticos. Porque ya es oficial: en el Ayuntamiento de Sevilla de la etapa Monteseirín-Torrijos se cobraron comisiones. Así de triste.
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