Educación concertada: acuerdos obsoletos

No hace falta ser un lince para darse cuenta de que las cuentas de la economía doméstica han cambiado mucho en estos últimos diez años, no digamos si nos retrotraemos hasta principios de siglo. ¿Y si miramos hasta el año 1985? Vivir cuesta más, el precio de todo ha subido y para soportar esos mayores gastos hemos tenido que subir nuestros ingresos. En la economía de las empresas las cosas no han sido diferentes, y cualquier gerente de cualquier pyme, por pequeña que sea, puede dar fe del incremento de los costes fijos.

Y sin embargo, lo que es una verdad tan palmaria está siendo negada o más bien ignorada por la administración educativa en su relación con los centros concertados (y solo con ellos). Las condiciones de colaboración en vigor entre ambas partes están fundadas en cuatro acuerdos que tienen 25 años, en el caso del más antiguo, y más de 10, el más reciente. Esas condiciones, ya muy inferiores en su momento a las de los centros públicos, hoy resultan completamente insostenibles.

La obsolescencia de las condiciones de la colaboración afecta al mantenimiento y ampliación de las plantillas, así como a los gastos de funcionamiento, y coloca a los centros concertados en una situación financiera límite, frente a la que la administración educativa está mirando hacia otro lado, como si no tuviera que ver con ella, cuando es completamente asunto suyo. Tan asunto suyo como la financiación de los centros de titularidad pública, pues ambos tipos de centros prestamos un mismo servicio a la ciudadanía andaluza, sin que las familias que eligen la educación concertada deban verse perjudicadas por hacerlo.

Obviamente, no pedimos esta renovación de las condiciones económicas solo para no ser menos que los centros públicos, aunque estaríamos en nuestro derecho de hacerlo. Pedimos esta actualización de las condiciones, porque la necesitamos. Y la necesitamos no solo para hacer las cosas nuevas que la sociedad y la propia administración educativa nos pide, sino las que ya veníamos haciendo y ya no se pagan con los ingresos actuales.

Pasemos de momento por alto la cuestión de las plantillas y detengámonos en los gastos generales y de funcionamiento. Teniendo en cuenta sólo el IPC, el déficit acumulado de esta partida desde el año 1986 es del 39,84%. Dicho de otro modo, nos faltan cuatro de cada diez euros que necesitaríamos para cubrir gastos si los conceptos de esos gastos no hubieran cambiado. Pero es que han cambiado, porque la educación de 2024 no es la de 1986. En ese porcentaje no están contemplados la introducción de las tecnologías, el incremento de la carga administrativa o la progresión del Salario Mínimo Interprofesional, entre otros conceptos que deben atenderse con esta partida. ¿Qué clase de milagro es el que espera la administración educativa que hagan los centros concertados para poder asumir esos mayores costes generales?

Por otro lado, están, como decía antes, los nuevos retos educativos que la sociedad debe enfrentar y a los que la administración andaluza no quiere renunciar, y a todos nos debería parecer bien, porque nos va el futuro en ello. Me refiero a retos como la formación en idiomas, la adquisición de competencias digitales, la enseñanza individualizada, la orientación, la atención a la diversidad y la prevención del fracaso escolar, entre otros. Todo eso, ya digo, es fundamental, pero demanda un incremento de las plantillas docentes en los centros concertados, más tiempo de formación y también recursos específicos para funciones de planificación y dirección. Al menos, la misma dotación de profesorado que a los centros de titularidad pública. Es de justicia.

Si de verdad la administración andaluza piensa en la calidad de la educación, de la educación pública como se define en la Ley de Educación de Andalucía, como algo prioritario, debería actualizar las condiciones de colaboración con los centros concertados. No deja de ser un contrasentido que el premio al buen hacer de estos centros concertados –no solo en resultados académicos sino también en labores de integración y atención a niños de familias vulnerables- sea su infrafinanciación. Si se quiere promocionar la calidad educativa, se debería estimular equitativamente a los centros que la ofrecen, o al menos eliminarles las trabas discriminatorias que los lastran. Por calidad, por justicia y por igualdad, la Consejería de Desarrollo Educativo debería renovar las condiciones de su colaboración con los centros concertados, que se han quedado completamente obsoletas.

Los centros concertados hemos aprendido a vivir con menos. Pero no podemos seguir viviendo con las condiciones de hace más de diez y veinte años. Nadie puede. Cambiar esta situación es básico. Nos va la educación y el futuro de nuestros hijos en ello.

SOBRE EL AUTOR

rafael garcía porras

Secretario General de Escuelas Católicas de Andalucía