Política social poco eficiente

El plan tiene una dotación presupuestaria de más de 600.000 euros, que puede sonar a mucho pero es un minúsculo azucarillo diluido en el mar, si de lo que se trata es de revertir por completo el ritmo de los tiempos libres en calles donde sólo corren peligros. Y además de esas limitaciones presupuestarias, está el serio problema de una fecha de caducidad: dos años de vigencia, sujetos a las promesas políticas que al final suelen sucumbir en este tipo de terrenos por aquello de la rentabilidad del voto y las necesidades capitales que siempre están muy lejos del extrarradio de la ciudad.

Hace un tiempo moderé una mesa de debate que me sirvió mucho para entender por qué esas zonas desfavorecidas de Sevilla han cronificado problemas graves de exclusión social a pesar de la ingente cantidad de dinero invertido durante años en planes de formación, educativos, de ocio o en ayudas para dignificar la vida de sus ciudadanos.

Recuerdo que Mariano Pérez de Ayala, una voz más que autorizada a la hora de hablar sobre política social porque dirigió durante años Cáritas, supo orientarme rápido con su visión experta. Me contó cómo falta una intervención coordinada de todas las administraciones y ONGs que trabajan en esas zonas pero cada una haciendo la guerra por su cuenta. Una labor que además no es sostenida en el tiempo y que se realiza sujetada por programas con fecha de finalización, como si conseguir que un niño vaya todos los días al colegio y que en su entorno más próximo entiendan la importancia de la escolarización se resolviera en unos meses.

Estos barrios requieren de menos anuncios de cifras redondas y más de un trabajo sostenido y constante para que puedan tener una oportunidad definitiva.