No saben ni lo que tienen

No me hago eco de esta entrevista para escarnio del actual Gobierno autonómico, que es el que está intentando poner un poco de orden. Lo hago para subrayar la contradicción inmensa entre lo que los poderes públicos exigen de los ciudadanos y lo que los ciudadanos pueden esperar de los poderes públicos. Y es que, especialmente en los últimos años, con las políticas populistas del Gobierno de Sánchez, mientras las administraciones no son siquiera conscientes de lo que tienen y lo que no, los pequeños propietarios se ven sometidos a una persecución cada vez mayor por el uso de sus inmuebles, para que no sólo sea responsable sino que además tenga un 'sentido social'.

La ley estatal ya permite, por ejemplo, un recargo desorbitado del IBI por tener una vivienda desocupada de forma continuada. También promueve que se apliquen límites de renta en zonas tensionadas, así como todo tipo de restricciones al uso turístico: licencias, cupos, imposibilidad de acceder a las plataformas de reserva… En manifiesta contradicción con la protección constitucional de la vivienda, algún portavoz de Podemos planteó incluso en su momento sancionar a los propietarios de viviendas vacías y obligarlos a su «cesión obligatoria» llegado el caso. Y el propio PSOE ha propuesto elevar la imputación fiscal de los inmuebles sin uso, escalando el porcentaje según su valor.

Entiéndase la desproporción, la injusticia y la sinvergonzonería de todo esto. Resulta que el propietario particular que ha logrado hacerse con un pequeño patrimonio, a base de mucho trabajo y también de medir el gasto superfluo, tiene que dar cada vez más explicaciones sobre lo que hace con sus inmuebles. Y, si los emplea de una forma que la administración considera que es irresponsable, o demasiado egoísta, o sin la suficiente empatía social, se ve penalizado con impuestos, limitaciones de uso y ya veremos si no sanciones en el futuro. En cambio, las administraciones públicas, que para ingresar sólo tienen que poner la mano, pueden permitirse el lujo de dejarse caer sus propiedades, como pasó con el Hospital Militar en Andalucía en la etapa socialista, y están tan sensibilizadas con el uso social y responsable de su patrimonio, que apenas son capaces de dar cuenta de su composición, disponibilidad y uso.

Que la administración andaluza tenga una deuda que supera los 40.000 millones y que durante años y años, estos seis últimos de gobierno del PP y los treinta y siete anteriores del PSOE, haya venido incrementado su patrimonio sin un control preciso de sus inmuebles, gastando dinero en arrendamiento de oficinas o sedes institucionales mientras otros edificios de su propiedad quedaban abandonados, hasta perderse en el limbo de las cosas que no se sabe que se tienen, o si se usan para algo, da una idea muy clara de cuán ligeramente se malgasta el dinero de todos en nuestro país y qué diferente rasero se utiliza para medir la responsabilidad de las empresas y las familias y las obligaciones de los gestores públicos.

Ante la constatación de que la Junta de Andalucía no sabía lo que tenía, o «lo sabía con muchas deficiencias», que fue el eufemismo empleado por el director de Patrimonio en la entrevista firmada por Antonio R. Vega, es difícil no experimentar cierta sensación de que no han sido los políticos y los gestores públicos los que han venido trabajando para los ciudadanos, sino los ciudadanos los que nos hemos deslomado para ellos, financiando sus oficinas desahuciadas, las inversiones en las nuevas, las innecesariamente alquiladas, los vehículos en uso y en desuso, las jornadas de 35 horas con sus dos días de teletrabajo de los funcionarios, y todas esas nóminas perfectamente prescindibles de empleados públicos enchufados a dedo.

Si todos los devotos partidarios del gasto público se tomaran la molestia de leer no ya a los grandes pensadores liberales sino al propio Pericles, descubrirían que el principal sentido de la organización democrática de la vida en común es garantizar el máximo de las libertades posibles en la vida privada. Entre otras libertades, la de que cada ciudadano pueda hacer con el patrimonio ganado con su esfuerzo lo que le venga en gana. Que será, por lo general, y dicho quede, mucho más responsable -individual y socialmente- que lo decidido por cualquiera de esos políticos que no han tenido más oficio ni beneficio en la vida que los que les ha brindado su partido.