Éxodos

El éxodo solo incumbe a quien lo protagoniza, porque nadie está atado a ninguna tierra. O al menos así ha sido hasta ahora, porque el independentismo catalán quiere que se sancione a las (muchísimas) empresas que abandonaron el edén nacionalista a raíz del referenduncito de independencia de 2017. Los puigdemones no entienden que alguien quiera dejar Cataluña y pretenda buscar mejores condiciones de vida en otro entorno geográfico. Exigen que se pague por semejante afrenta, que las decepciones se sobrellevan mejor con la cartera llena.

La pretensión del catalanismo radical es un disparate jurídico que atenta contra la libertad de movimientos, uno de los conceptos más elementales de las sociedades avanzadas. Nadie tiene la obligación de vivir en ningún sitio. La legislación europea, de hecho, avanza en sentido contrario, y se esfuerza por facilitar no solo el desplazamiento de personas, sino también de capitales, bienes y empresas. Pero como hace tiempo que el Gobierno de Sánchez sacrificó el sentido común en el altar de la gobernabilidad, no es descartable que en breve veamos sancionado este éxodo mercantil.

Pues si es así, que sea para todos. Si se paga por abandonar Cataluña, reclamemos nosotros la deuda histórica de la inmigración andaluza. Que Cataluña pague por los centenares de miles de andaluces que recibió durante décadas y que dejaron su tierra buscando una vida mejor. Gente trabajadora que resultó decisiva para el crecimiento económico catalán y que aportó su sudor para que la calidad de vida fuera mejor a un lado del Ebro que al otro. Entonces no les importó a los catalanes el perjuicio que se ocasionaba en Andalucía, una región que no podía ofrecer un futuro de prosperidad que sí se ofertaba en otros lugares de España. Exactamente lo que les ocurre ahora a ellos, con una diferencia: aquí huyeron de la pobreza, allí escapan de la sinrazón.