El contrato tecnológico de la década

En estos meses se ha fraguado un nuevo modelo de relación entre administración y empresas tecnológicas que, de nuevo, influirá en la configuración del sector para los próximos años. El Gobierno de Juanma Moreno aglutinó todas las competencias digitales de la Junta en una sola entidad llamada ADA (anteriormente estaban repartidas entre las distintas consejerías). Este organismo lanzó en verano un proceso para adjudicar 930 millones de euros para el desarrollo y la gestión del software de la administración autonómica a lo largo de cuatro años (el mayor de esta tipología en España). Con esta gran operación se homologará a veinte grupos empresariales —en función de su solvencia técnica y económica— para proveer el software y las aplicaciones digitales de la Junta (desde el programa de contabilidad de Hacienda, a la gestión del sistema educativo y del Servicio Andaluz de Salud…). Más de treinta compañías nacionales e internacionales (una buena parte en alianza con socios locales) están en liza para formar parte del panel de proveedores.

Además, se ha previsto una línea más modesta para dar entrada a pymes. Un proceso de estas características tendrá un fuerte impacto en el tejido empresarial. Quienes logren entrar entre los 'veinte' escogidos tendrán un panorama más estable para los próximos cuatro años, y los grupos que queden excluidos quizá deberán replantear sus estrategias. El desenlace llegará a finales de año (si no hay retrasos inesperados).

A priori, unir todas las capacidades digitales de la Junta ha sido un acierto (la dimensión crea economías de escala y eficiencia para el ciudadano). Este tipo de adjudicaciones son capaces de atraer a grandes compañías españolas e internacionales -en alianza con socios andaluces- y pueden ser un estímulo para el sector. El resultado final de esta política solo se podrá evaluar al final del proceso, pero sin duda ha agitado el sector y va a influir, de una forma u otra, en su desarrollo futuro.