Huelga de los jueces: obediencia a la ley, no a Bolaños

Desde el pasado fin de semana, jueces y fiscales se han plantado contra la reforma de Bolaños por modificar el acceso a la carrera judicial y fiscal. Un intento desesperado del PSOE por colonizar esta institución para cuando hayan salido del Gobierno.

Hasta ahora, el camino para ser juez o fiscal en España se ha regido por la evaluación de criterios objetivos, medibles e iguales para todos los aspirantes. Ahora, la 'ley Bolaños' pretende añadir una tercera prueba a la oposición para incorporar criterios tan volubles como la compresión lectora, la expresión escrita y la argumentación. Una puerta a la subjetividad para poder manipular las pruebas.

Los objetivos de la reforma son «potenciar la excelencia de las personas que accedan a las carreras judicial y fiscal», profundizar «en el derecho fundamental a la igualdad en el acceso a estos cargos» y «en la adecuación de los procedimientos de acceso a la realidad social y académica». Pero todo esto se hace ya.

Con la prueba actual, la excelencia de los candidatos ya se evalúa con criterios objetivos y se premia con la respectiva plaza. Para lo segundo, la igualdad de oportunidades, el Estado dispone de unas becas para opositores a la carrera judicial y fiscal. Por último, para adaptarse a la nueva realidad, el ministerio de Justicia está recurriendo a informes de hace quince o veinte años y de forma torticera.

Por ejemplo, un informe del Consejo Consultivo de Jueces Europeos del año 2007 que el Gobierno cita para justificar la reforma: «la evaluación de los jueces supone examinar, [...] también datos más personales, como las cualidades humanas y su sentido de las relaciones con terceros». Una frase que parece estratégicamente seleccionada y cortada para confundirnos.

Primero, porque el informe no se refiere al sistema de ingreso en la carrera judicial sino a la elección de los miembros del «consejo superior de la magistratura o de otro órgano independiente equivalente». Lo que llaman un «Consejo de la Justicia» y que en España sería el Consejo General del Poder Judicial. Curiosamente, el informe también defiende que estos miembros «sean elegidos por sus pares», aunque en esto el Gobierno hace oídos sordos.

Además, a renglón seguido, el párrafo continúa diciendo que «a este respecto [de elegir a los jueces], el Consejo de la Justicia debería jugar un papel esencial con el fin de identificar los criterios generales de evaluación pertinentes». Pues bien, lejos de que el ministro les haya consultado nada, jueces y fiscales le han dicho a Bolaños que hasta aquí hemos llegado.

La 'ley Bolaños' también pretende ampliar el cuarto turno para acceder a la carrera judicial o fiscal. El argumento es el de siempre, el de «parecernos a Europa». Pero, ¿qué está haciendo el resto de países europeos?

Si repasamos el acceso a la carrera judicial país por país, España tiene un sistema muy cercano al de Francia, Italia, Portugal o Alemania, donde se premia la excelencia a partir de un examen y unas pruebas exigentes. Existe otro modelo, el profesional, en que se permite el acceso tras años de ejercicio jurídico, y es propio de Irlanda, Malta o Chipre. Es decir, de países que tienen un ordenamiento jurídico distinto al nuestro. En lugar de acercarnos a Europa, la 'ley Bolaños' nos aleja de los países europeos de nuestro entorno.

Lamentablemente, todo es una chapuza. Y llega ahora, a las puertas del verano y por la vía de urgencia. En paralelo a un serial de corrupción que arrincona los despachos de Ferraz y del Gobierno. Paradójicamente, el ministro del «gobierno de coalición más progresista de la historia» ha respondido a la huelga pidiendo al CGPJ que niegue el derecho a huelga a jueces y fiscales y suspenderles de sueldo.

El Gobierno de España ha perdido todo el pudor. Ya no se esconde. Ahora se envalentona para intervenir la Justicia y acabar con la separación de poderes a plena luz del día. Quizás aquello de Rufián de que «hay que aprovechar el tiempo que le queda al PSOE en el Gobierno» sea también la hoja de ruta de Moncloa desde hace varios meses. Pero jueces y fiscales ya han dicho basta. Ellos no quieren ser cómplices.

SOBRE EL AUTOR

juan ignacio zoido

Diputado del PP en el Parlamento Europeo