El silencio de las togas

No debemos olvidar que las personas somos la razón de ser del sistema, ya que en nosotros reside la soberanía, de modo que los políticos solo se justifican a nuestro servicio. España «es un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político», según sintetiza el artículo primero de la Constitución.

Con frecuencia, esos principios básicos parecieran no regir en la vida pública, detectándose además una preocupante apatía de la ciudadanía con la política en general. La aspiración primordial de cualquier demócrata ha de ser sentirse libre ante los intereses espurios o partidistas incompatibles con la justicia y la dignidad. Las personas verdaderamente independientes no se dejan arrastrar por siglas que coarten su libertad de criterio.

Precisamos ciudadanos capaces de no doblegarse ante ningún partido, que respeten lo público y rechacen las actuaciones indignas de los gobernantes, sean del color político que sean. No basta con votar, pues luego debemos combatir las desviaciones y abusos de poder y las demás corrupciones, desde las estrictamente políticas hasta las económicas. Cotitulares como somos de la soberanía, estamos obligados a denunciar la demagogia, el populismo y los relatos que manipulan a la opinión pública, pues atentan contra la libertad.

Es triste oír a ministros y políticos proclamar que los jueces hacen política, simplemente porque investigan a familiares directos del presidente del Gobierno, a su fiscal general, al que ha sido su círculo más cercano en el partido o a cualquier correligionario. Quienes así se pronuncian defienden que esas personas estén de facto por encima de la ley y sean inmunes, cuando obviamente todos somos y debemos ser iguales ante la ley.

Es muy grave que políticos que ostentan el poder ejecutivo y legislativo critiquen públicamente a jueces, que solo se dedican a trabajar de manera honesta para hacer que el poder judicial funcione y mantener el Estado de Derecho.

Frente a ese griterío menoscabando a la judicatura, contrasta el sereno silencio de los jueces que cumplen con su obligación de instruir o juzgar. Aquellos atacan la necesaria separación de poderes e independencia del poder judicial. Por contra, los magistrados actúan responsablemente como altos funcionarios judiciales que son, garantizando el imperio de la ley, la igualdad ante ella y el valor fundamental que es la justicia.

Los encausados en esos asuntos mediáticos acabarán obteniendo, tras un proceso con todas las instancias y garantías, una resolución judicial justa que todos deberemos respetar, sea cual sea su sentido. Los precedentes y la acreditada independencia de la judicatura española nos obligan a confiar en nuestro poder judicial, garante que es de los derechos y libertades de todos, sin ninguna desigualdad ni discriminación.

Nada hay que temer, pues nadie logrará alterar la dignidad y el silencio de las togas. Tras un proceso imparcial, al final se administrará serenamente justicia, sean quienes sean las personas afectadas. Con normalidad, como sucede todos los días. Lo contrario sería gravísimo, pues ya dijo Montesquieu que «donde no hay justicia, no hay libertad».