cardo máximo
Políticos y universidad
Uno de los males de nuestra democracia imperfecta es la ocupación política de espacios que deberían reservarse a la sociedad civil
El alcalde de la ciudad se ha incorporado al Consejo Social de la Universidad de Sevilla. Supongo que a nadie conmoverá la noticia porque a nadie le interesa lo que pase en la Universidad, convertida en otra trinchera entre apocalípticos e integrados sobre el nivel ... académico y otras menudencias por el estilo. Qué más da. Sólo sirve lo que puede usarse como arma arrojadiza contra el rival político. Porque de eso se trata, no de otra cosa. El alcalde Muñoz está desde ahora en el Consejo Social de la Hispalense como está su antecesor, Juan Espadas, y la antecesora del antecesor de éste, Soledad Becerril, y el ex vicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra, y la parlamentaria andaluza Verónica Pérez y el presidente de la Diputación, Fernando Rodríguez Villalobos. Bien servidos de militantes en activo y otros retirados de la primera línea que conservan el carné. Para ser el «órgano de participación de la sociedad en la Universidad» van sobrados de políticos, ¿no? Quien piense mal –acierte o no–, colegirá de esa coyunda de los representantes del gobierno universitario con políticos en ejercicio una autopista para desarrollar las aspiraciones de rectores y vicerrectores: total, el consejero de Universidades actual lo fue de Córdoba; y un exconsejero de Economía y Hacienda, de Sevilla; y una exconsejera de Educación, de Málaga… Quien quiera ver el carrerismo asociado al desempeño de rector, ya digo, es un mal pensado.
Los consejos sociales han envejecido mal. O es que nunca llegaron a desarrollarse del todo. Nacieron hace cuarenta años, en 1983, en mitad de la crisis financiera y democrática que ahogaba a la Universidad de la Transición como un mecanismo para «promover la colaboración de la sociedad en la financiación de la Universidad». Al modo de los 'board of trustees' de las universidades anglosajonas con figuras reputadas y reconocibles de la sociedad en que arraigan.
Cuatro décadas atrás, se hablaba de convenios y lazos con el tejido empresarial y social para propiciar el intercambio necesario entre la sociedad y su 'alma mater'. Seguramente, en la ejecutoria de los consejos sociales de cualquier universidad pública podrá esgrimirse un puñado de acuerdos para dar cobertura al mandato de la ley de creación de estos órganos, pero el ánimo del legislador iba mucho más allá de la misión pacata en que han acabado convertidos los consejos sociales, apartaderos de políticos prescindibles.
Uno de los males de nuestra democracia imperfecta es la ocupación política de espacios que deberían reservarse a la sociedad civil (si es que existe). Si los partidos políticos se reparten con obscenidad, tras luchar a brazo partido, los sillones del tribunal de garantías constitucionales y los puestos del Consejo General del Poder Judicial, cómo no iban a hacer lo propio con los consejos sociales de las universidades. Total, a quién le va a importar.
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