El riesgo mexicano de la judicatura española

Por otro lado, no inspira confianza que el proyecto haya sido aprobado mientras el entorno del presidente del gobierno se encuentra en los tribunales y los jueces que llevan sus procesos escuchan cómo los ministros del gobierno los acusan de prevaricadores, ultraderechistas o máquinas de fango. Es lo que ha ocurrido con el magistrado del Tribunal Supremo Ángel Luis Hurtado, descalificado por el ministro Puente; es lo que sucede con el juez Juan Carlos Peinado, puesto en entredicho por el propio ministro Bolaños, y es lo que tiene que soportar la juez Beatriz Biedma, acusada de procesar sin fundamento al hermano del presidente del gobierno por parte de las ministras Alegría, Montero y Rodríguez. Un gobierno que no respeta ni las decisiones ni la independencia del poder judicial, no ofrece las garantías suficientes y necesarias para reformar el acceso a la carrera fiscal y judicial con imparcialidad.

Y el caso es que dotar de programas de formación al Centro de Estudios Judiciales es una buena iniciativa, inspirada en modelos como la École Nationale de la Magistrature (Francia), la Scuola Superiore della Magistratura (Italia) y el Centro de Estudos Judiciários (Portugal). Por último, estos sistemas han inspirado el acceso a las judicaturas de Chile, Uruguay y Colombia, de donde colijo que no se trata de replicar la «elección» de jueces españoles, a imagen y semejanza de las rocambolescas elecciones celebradas en México, donde bastaba con tener 30 años y el título de abogado para poder ser «elegido» juez. Eso sí, para ser magistrado de la Corte Suprema mexicana, la edad mínima se elevaba a 35.

El proyecto del gobierno es potable en el texto, pues sustituir una oposición memorística por un caso práctico jurídico no es una mala idea. Y dotar con becas a los candidatos a jueces tampoco es descabellado. Sin embargo, cuando los argumentos empleados para defender la reforma se concentran en combatir el «elitismo» e impedir que la carrera judicial se convierta en un predio de la «ultraderecha», los mismos padres de la criatura fomentan la creencia de que estamos ante una versión sanchista del Caballo de Troya.

Leo los agravios a los jueces, las insinuaciones de corrupción y las acusaciones de golpismo, y comparto el temor de quienes ven en el proyecto un intento de suprimir la independencia del poder judicial, colocando jueces afines al sanchismo y sus socios independentistas, mismamente como ha ocurrido en México.