¡Europa, Europa!

El capítulo más reciente de esta historia de auxilio supranacional se ha escrito en la Audiencia de Sevilla, donde los magistrados han elevado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea una pregunta audaz e incómoda: ¿Puede el Tribunal Constitucional reinterpretar a su antojo los delitos de malversación y prevaricación sin contravenir el Derecho comunitario? ¿Puede vaciar de contenido las normas que protegen el patrimonio público y amparar con ello la impunidad de los altos cargos condenados por los ERE de Andalucía? La maniobra es jurídicamente inédita, porque no se trata de discutir una directiva mal traspuesta ni una competencia invadida, sino de poner bajo la lupa al propio garante final de la Constitución, el tribunal que Pedro Sánchez ha convertido en apéndice gubernamental. El fondo del asunto va más allá del caso concreto: cuestiona si un poder político puede blindarse de forma tan eficaz que ni siquiera la ley lo alcance.

No es el único aviso a un Ejecutivo que escupe sobre la legislación y la separación de poderes. La Comisión Europea ha abierto este año procedimientos de infracción contra España por su intervención en fusiones bancarias, por concesiones opacas o por la ley de amnistía al considerar que no encaja en el marco jurídico comunitario el concepto de 'interés general' que esgrime el Gobierno socialista. Y ahora, por primera vez, un tribunal ordinario español pide amparo en Europa frente al Constitucional. Puede parecer paradójico que haya que cruzar los Pirineos para encontrar garantías, pero tal vez no lo sea tanto si se observa la tendencia: cuando los equilibrios internos fallan, cuando la política coloniza sin rubor las instituciones que deberían limitarla, el único recurso que queda es mirar al exterior. A un Derecho europeo que, con todos sus defectos, ha demostrado ser más impermeable al clientelismo que el tejido institucional doméstico.

Europa no es infalible. Tampoco es siempre justa. Pero al menos no depende de pactos de investidura ni de estrategias de resistencia parlamentaria desesperada. Su fortaleza reside en no estar diseñada para proteger gobiernos, sino normas. Por eso la invocan hoy quienes no se resignan a ver cómo se desactiva la responsabilidad política a golpe de sentencia reinterpretada. Por eso, también, puede resultar incómoda para quienes han confundido mayoría con impunidad. Habrá que ver qué dictamina el tribunal europeo y si se atreverá a corregir al Constitucional, algo delicado e inédito. Lo que sí queda claro es que un tribunal andaluz se ha levantado ante el ataque del socialismo bolivariano haciendo la raya y recordando con valentía que Europa no es solo un marco financiero ni un proveedor de fondos sino el último refugio de la Justicia.