Sin presupuestos y hacia el despotismo

Por desgracia, hoy resulta más que pertinente este recuerdo. Nadie discute ya que la Constitución es una norma jurídica, o que las contiene, si se prefiere, y que éstas, como es propio de ellas, obligan. Es lamentable que algo tan obvio haya que reiterarlo y que tenerlo presente al darnos de bruces con un Gobierno que se resiste a cumplir, por segundo año consecutivo y a la vista de todos, el mandato contenido en el artículo 134.3: «El Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior». El precepto es claro y terminante, no deja resquicio con su evidente tono prescriptivo, no permisivo, en cuanto a qué debe hacer de forma obligada el Gobierno.

No es la primera ocasión en la que un ejecutivo, nacional o autonómico, remolonea o se resiste a presentar el proyecto de ley de presupuestos. Lo especialmente preocupante ahora es que este comportamiento viene a engrosar, como un hito más, una trayectoria, la del gobierno de la nación, no precisamente respetuosa con nuestras instituciones y con nuestro sistema constitucional. No olvidemos que quien lo preside reconocía hace pocos meses su disposición a gobernar prácticamente sin el parlamento. Esta resistencia a presentar los presupuestos forma parte de una ejecutoria jalonada, entre otros hechos incontestables, por el abuso del decreto-ley, la deformación del procedimiento legislativo (proposiciones de ley que enmascaran proyectos de ley para evitar los informes preceptivos) o el vaciamiento de la función controladora del parlamento sobre el gobierno. Un comportamiento en su conjunto inquietante, que el propio sistema, que muestra así sus debilidades, no había previsto y que sin duda nos está ya pasando factura.

La no presentación del proyecto de ley de presupuestos en tiempo y forma no es sólo una anomalía política sino una ilegalidad flagrante del máximo nivel. Con la desfachatez usual, con el poco respeto a la verdad y a la magistratura que ostenta a que nos tiene acostumbrados, el ministro de Justicia ha tratado de hacernos creer que la Constitución ofrece la alternativa de presentar los presupuestos o de prorrogarlos. Es una de esas habituales maniobras de distracción, una mentira interesada (una más) insuficiente e inútil para ocultar un comportamiento a todas luces escandaloso.

Casi a mediados del siglo XIX, en aquella democracia, la de los Estados Unidos de América, que se ofrecía como modelo al mundo, Tocqueville, observador inteligente y desapegado, supo sin embargo apreciar como ésta, en su seno, podía llegar a albergar el germen de la tiranía o del despotismo. Así, habló directamente de un despotismo que instalado en las naciones democráticas sería tal vez más suave pero que degradaría a los hombres sin atormentarlos, convirtiendo a los ciudadanos, concluía, en un rebaño de animales tímidos y laboriosos cuyo pastor sería el gobierno. Hacia ahí nos dirigimos con paso decidido. Todo esto no hace más que confirmarlo, por si quedaba alguna duda a estas alturas. Y es que cada día que transcurra sin que se haya presentado el proyecto de ley de presupuestos es un día más en el camino emprendido hacia el despotismo y la aniquilación de nuestra democracia.

SOBRE EL AUTOR

César Hornero Méndez

Profesor de Derecho Civil de la Universidad Pablo de Olavide