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LA ALBERCA

La ponente Montalbán

Los borradores de los ERE y la Amnistía son orfebrería jurídica a la medida de aberraciones políticas

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Alberto García Reyes

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Los dos grandes marrones que han llegado al Constitucional de Conde-Pumpido, los ERE y la amnistía, los ha solventado la misma ponente, Inmaculada Montalbán, con resultado favorable a los intereses sanchistas. Y la mayoría de expertos constitucionalistas coincide en que ambas ponencias están escritas ... con una mano jurídica y otra política. Es decir, se le ha puesto un disfraz aparentemente técnico-académico a un apriorismo ideológico. Dicho de otra manera: primero se ha ordenado el fin y después se han puesto los medios. El borrador de sentencia es orfebrería jurídica a la medida de una aberración política. Resulta cuanto menos curioso que las dos controvertidísimas ponencias de Montalbán se agarren a la misma fórmula sumarial: los parlamentos no pueden, por naturaleza, tomar decisiones anticonstitucionales porque, según la magistrada, cualquier cámara legislativa «puede hacer todo lo que la Constitución no prohíba explícita o implícitamente», de manera que «respetando este límite, ningún contenido puede considerarse exento de la posibilidad de que el Parlamento lo atraiga hacía sí». En los ERE le sirvió este argumento para defender que las partidas que se desviaron a una agencia externa para repartir desde ahí las ayudas a dedo —metiendo a familiares y afines en las listas de prejubilaciones de empresas en las que jamás habían trabajado— fueron aprobadas anteriormente por el Parlamento Andaluz en los Presupuestos. En el caso de la Amnistía, Montalbán también otorga inviolabilidad al Congreso alegando que la Constitución no la prohíbe. El artículo 62 dice claramente que en España no se pueden autorizar indultos generales. Y todos los juristas de prestigio consideran que esta es una medida de gracia inferior a la amnistía. Que no se nos olvide que este tipo de perdón no borra la hoja penal del condenado, sino el tipo delictivo. Lo que Montalbán sostiene es que el Poder Legislativo puede cambiar la Constitución misma, de manera que al eliminar el delito, y no la pena, cambiará las reglas del juego de la unidad territorial. Los golpes independentistas contra el Estado ya no serán punibles. Un engendro devastador que será brillante desde el punto de vista técnico-jurídico, pero que atenta contra el sentido común, contra la dignidad y contra el fundamento de la democracia. Estamos asistiendo al viaje de vuelta de aquel 'de la ley a la ley' de Torcuato Fernández-Miranda.

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