Chile, «la madre de todas las batallas»

La crítica a la Constitución chilena tiene al menos una década. Pero hasta octubre de 2019 solo habitaba círculos académicos y la agenda política de los partidos de izquierda. No era un tema que motivara amplia participación ni que se elevara a las primeras prioridades en las encuestas. Eso cambió el 18 de octubre de 2019 y las semanas siguientes cuando, con inusitada violencia, una masa enfurecida incendió decenas de estaciones del metro de Santiago, iglesias y comercios. Junto a eso se masificaron protestas que terminaron muchas veces con violentos enfrentamientos con la policía. Este «estallido social», como se le llama en Chile, dejó ver una crisis social profunda que multiplicó las protestas y el descontento como no había ocurrido en más de tres décadas.

El cambio constitucional fue la carta que jugó la política para canalizar por la vía institucional la crisis social. El 15 de noviembre de 2019 las fuerzas políticas de derecha e izquierda, con excepción del Partido Comunista y algunas facciones del Frente Amplio, una coalición hermana del Podemos español, firmaron el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución. En ese momento se pensó que resolver la cuestión constitucional podía ser el camino para descomprimir y mostrar que la política había asumido con convicción las causas de la crisis. La imagen que rondó entonces fue la idea de construir una constitución que fuera «casa de todos».

En 2020 el Covid postergó el proceso y solo en octubre se convocó al plebiscito «de entrada» en el que el 78 por ciento de quienes participaron optaron por una nueva Constitución. La Convención constituyente inició su tarea en julio de 2021 y, doce meses después, entregó un texto sobre el que se pronunciarán ahora los chilenos. El resultado es incierto. Si bien hace algunos meses nadie hubiera apostado que el rechazo tenía opción real de imponerse, hoy las encuestas lo muestran algunos puntos por encima incluso del 'sí'. Tres razones pueden justificar este cambio.

La primera es la mala evaluación de la Convención. Los escándalos políticos y el tono de la discusión que rodeo a la Convención llevaron a que esta dilapidara su incipiente prestigio. Posiblemente al inicio el problema fue la imposibilidad de condenar la violencia (desde que la solemnidad del acto inicial fue aplastada por el griterío hasta que la presidenta de la Convención, poco después de haber asumido, sostuvo que no tenía «el estándar de Mandela para pedir que bajen las armas» en la Araucanía, una zona del sur de Chile donde la violencia se ha instalado). Más tarde fue la soberbia y el discurso moralizante (la cancelación de los adversarios, la condena al pasado y la lógica amigo-enemigo). Y posiblemente también la incapacidad de muchos de los partidarios de la Convención de asumir la responsabilidad de lo que estaban haciendo. Incluso quien mira con condescendencia el proceso, como el argentino Roberto Gargarella, escribió que en la Convención había «personajes más bien caricaturescos que terminaron por ocupar lugares protagonistas». Todo esto terminó por consolidar la convicción de que la Convención no había estado a la altura. Nadie hoy considera que hubo ahí una cultura deliberativa digna de ser aplaudida.

Un segundo factor que debe sumarse a la ecuación es el contenido del proyecto de nueva constitución. El texto es extenso, uno de los más largos del mundo, repleto de derechos, principios y declaraciones. Veamos algunos de sus elementos definitorios. El sistema político sigue siendo presidencialista. Sin embargo, y no obstante mantener una continuidad con la tradición chilena de dos siglos, ciertas reglas específicas han sido cuestionadas porque pueden dañar la gobernabilidad. El nuevo sistema no fomenta las coaliciones, guarda silencio sobre el sistema electoral y de partidos y entrega más poder a la Cámara Baja en perjuicio del presidente y del Senado, que desaparece para dar paso a una «Cámara de Regiones». La propuesta no logra apaciguar temores comunes en la región, como es el riesgo de destruir la democracia por un líder populista. Tanto así que aun antes delreferéndum, el Gobierno y los partidos de izquierda, que han llamado a votar 'sí', se han comprometido a hacer una serie de cambios en el sistema político en caso de triunfar esa opción.

El catálogo de derechos es excesivo pero pocos se atreven a reconocerlo. En realidad, más que «derechos fundamentales» se consagran, en un centenar de artículos, todo tipo de intereses y declaraciones que auguran exacerbar la instalada judicialización. Como han destacado algunos, el catálogo se parece más a un programa de gobierno que toma las formas del lenguaje de los derechos. Muchos han advertido de la complejidad de seguir ese camino.

Y así otra serie de normas extrañas al constitucionalismo global han sido incorporadas a este proyecto: la plurinacionalidad, que solo existe en las constituciones de Bolivia y Ecuador; los derechos de la naturaleza, que solo existen en esta última; el derecho «a una interrupción voluntaria del embarazo», que no está contemplado en ninguna Constitución del mundo; la exigencia de «consentimiento» de los pueblos indígenas para decisiones que no están siquiera contempladas en el Convenio 169 de la OIT; un sistema de justicia indígena más amplio e indeterminado que el boliviano; un sinnúmero de cláusulas de gran especificidad (el cielo nocturno, las semillas tradicionales, los 'pirquineros', los bomberos, los puertos, la ruralidad, etcétera.) y un listado agobiante de principios constitucionales (tan solo en relación al «sistema nacional de salud» hay once). Estos y tantos otros temas han despertado viejos fantasmas y el pudor de muchos.

Por último, nadie duda hoy que la Convención no quiso escribir una Constitución de consenso, como recomendó con insistencia la Comisión de Venecia en su informe sobre el proceso chileno. Prefirió en cambio un texto rupturista, pretendidamente de vanguardia, alejado en muchos aspectos de la tradición constitucional chilena. En su elaboración, conscientemente se excluyó al centroderecha y se gestó un texto acordado desde el Partido Socialista hacia la izquierda, asumiendo el rol hegemónico el Partido Comunista. No por nada ese partido calificó la elección del 4 de septiembre como «la madre de todas las batallas». Lo que siga es incierto. Solo sabemos que, cualquiera sea el resultado, Chile seguirá sin resolver su problema constitucional en búsqueda de un pacto que genere consenso y adhesión para retornar a la senda del esquivo progreso.