Sangría autonómica

Los entes regionales representan una estructura que resulta cara e ineficiente en épocas de bonanza y que se hace insostenible en plena crisis económica

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LA Constitución establece un modelo territorial basado en el equilibrio entre Estado y comunidades autónomas, de acuerdo con los principios de coordinación entre las distintas administraciones y de eficiencia en el gasto público. Sin embargo, unas veces por planteamientos nacionalistas y otras por ganar espacios de poder al servicio de la clientela partidista, se ha producido una duplicidad de órganos administrativos que de forma artificial ha contribuido a disparar el gasto. Hoy publica ABC un amplio informe sobre esta multiplicación de organismos públicos, una estructura que resulta cara e ineficiente en épocas de bonanza, pero que se hace insostenible en plena crisis económica, cuando se imponen los recortes. Algunas cifras son abrumadoras, como el dato que revela que durante los últimos cuatro años se han creado 1,2 entes públicos por semana en cada comunidad autónoma. Hay que tener en cuenta que estos organismos suponen —según la expresión ya consagrada— una «huida» del Derecho Público, puesto que funcionan como aparentes sociedades mercantiles al margen del control jurídico y financiero ordinario. Además de los grandes servicios de educación o sanidad, cuya gestión es ya plenamente autonómica, florecen por todas partes institutos del más variado tipo (estadística, mujer, juventud, promoción exterior y un largo y descabellado etcétera), así como órganos análogos al Defensor del Pueblo o los tribunales de Cuentas y de Defensa de la Competencia, entre otros muchos. Otros servicios, como las televisiones autonómicas, contribuyen decisivamente a crear una inflación orgánica que, sin responder a una demanda real de servicios públicos, provoca una necesidad creciente de recursos a la que nadie parece dispuesto a poner freno.

Las comunidades autónomas crean sus propias burocracias y otorgan subvenciones sin medida, generando una fuerte dependencia social respecto de las élites políticas regionales. Rodríguez Zapatero debería impulsar un verdadero plan de recorte del gasto a nivel autonómico, porque es urgente tomar en serio la reducción del déficit público, y no sólo predicar austeridad mientras se mira para otro lado por razones electoralistas. De hecho, algunas comunidades gastan lo que no tienen porque saben que, al final, siempre consiguen presionar al Ejecutivo para obtener más recursos. Una sociedad moderna y una economía desarrollada no pueden permitirse esta sangría permanente, que vulnera no sólo la Constitución, sino también el más elemental sentido común.