Sánchez exhibe su debilidad

Que la amnistía es un traje confeccionado a la medida de los socios del presidente era algo sabido, pero ayer se demostró insuficiente. La consigna oficialista intentará justificar que el Gobierno se ha plantado en sus concesiones, pero sería verdaderamente ingenuo considerar que Sánchez no está dispuesto a ceder absolutamente en todo con tal de seguir en La Moncloa. Si los socialistas no han dado acomodo a las exigencias de Junts para blindar la amnistía en todos los casos de terrorismo no es por coherencia ni por respeto a la palabra dada. En demasiadas ocasiones hemos visto al presidente hacer exactamente lo contrario de lo que había prometido. La incorporación de todas las formas de terrorismo a la ley de amnistía acabaría siendo un obstáculo para su propia aceptación en Europa, por lo que cabe asumir que el PSOE está haciéndose cargo de unos límites que son externos y que en nada expresan un pundonor sustancial en esta concatenación de cesiones. Lo más pernicioso de la ley de amnistía son sus presupuestos previos, el intercambio de apoyo político a cambio de una desarticulación selectiva de la universal exigencia del cumplimiento de las leyes. Sentada esa premisa fatal, asumida y promocionada por el Ejecutivo sólo a partir del 23-J, los detalles posteriores atañen a cuestiones de calado pero que no dejan de ser adjetivas.

La sesión parlamentaria de ayer sirvió, también, para desacreditar algunas falsedades. Se demostró, por ejemplo, que el pacto que convirtió a Pedro Sánchez en presidente fue un mero acuerdo de investidura, y los socialistas se tendrán que seguir humillando si quieren gobernar siendo el segundo partido más votado del Hemiciclo. También quedó rebatida la idoneidad formal con la que se ha intentado defender una ley de amnistía que, en efecto, se ha demostrado ineficaz a la hora de blindar a los delincuentes sobre los que se apoya el Gobierno. Además, la sesión sirvió para constatar la condición ultra y antidemocrática de los aliados de Sánchez, quienes se permitieron, una vez más, acusar de prevaricación desde la tribuna de oradores a los jueces Marchena, Aguirre y García-Castellón. Este lamentable espectáculo debería obligar a Sánchez y a los diputados socialistas a preguntarse si merece la pena gobernar así, en una exhibición permanente de fragilidad parlamentaria y en una explícita sumisión a formaciones abiertamente contrarias a nuestro pacto de convivencia.