Becket o Pumpido, valentía o sumisión

Becket fue nombrado arzobispo de Canterbury en 1162 por el rey Enrique II de Inglaterra. Antes de su nombramiento, había sido canciller del rey y uno de sus colaboradores más cercanos. Enrique esperaba que Becket, una figura leal a su corona, sirviera como un instrumento para someter a la Iglesia inglesa al control real. Sin embargo, el nombramiento de Becket produjo una transformación profunda en su carácter y lealtades. Una vez investido como arzobispo, Becket adoptó una postura firme en defensa de la autonomía de la Iglesia frente al poder secular. Esta nueva actitud supuso una ruptura con Enrique II, que veía frustrado su plan de controlar el poder eclesiástico a través de un aliado personal. La resistencia de Becket desembocó en su asesinato en la catedral de Canterbury en 1170, a manos de cuatro caballeros que actuaron, según se cree, inspirados por la ira del rey. Becket fue canonizado como santo y mártir por su defensa de la Iglesia frente a la presión del poder político.

El caso de Becket pone de manifiesto cómo el nombramiento de una persona afín puede volverse en contra del poder cuando esa persona antepone los principios de la institución que representa a la lealtad hacia quien la nombró. Su figura se convirtió en símbolo de independencia y sacrificio, de fidelidad a un deber superior, incluso a costa de la propia vida. En el extremo opuesto encontramos a Conde-Pumpido, presidente del Tribunal Constitucional en España. Ex fiscal general del Estado durante el gobierno de Rodríguez Zapatero, su trayectoria está marcada por una vinculación estrecha con el poder político, particularmente con el PSOE. Su elección para presidir el órgano encargado de velar por la constitucionalidad de las leyes, propiciada por Sánchez, fue criticada por sectores que alertaron sobre la politización del tribunal y la falta de independencia del nombrado.

A diferencia de Becket, Conde-Pumpido no ha dado a lo largo de su trayectoria señales de independencia con el poder que propició su ascenso. Por el contrario, muchas de sus decisiones como magistrado y presidente del TC han sido interpretadas como alineadas con los intereses del Gobierno. Una de las polémicas más recientes se refiere a su papel en la validación jurídica de medidas legislativas impulsadas por el Ejecutivo que, según diversos juristas, tensionan los límites de la Constitución. Lejos de actuar como contrapeso, el tribunal presidido por Conde-Pumpido ha sido visto por muchos como una instancia que legitima políticamente decisiones discutibles desde el punto de vista constitucional.

Desde la llegada de Conde-Pumpido a la presidencia del TC, este órgano ha mostrado una preocupante alineación con los intereses del Ejecutivo de Sánchez. Un ejemplo paradigmático ha sido la anulación de las condenas a los expresidentes andaluces Chaves y Griñán por el caso de los ERE, en la que el Constitucional ha invadido funciones propias del Tribunal Supremo, actuando de facto como un tribunal de casación, pese a que no le corresponde revisar la valoración probatoria de sentencias firmes. Esta actuación ha socavado la separación de poderes y reforzado la percepción de un uso político del tribunal que preside, consolidando un sesgo ideológico que beneficia a figuras clave del socialismo español. Con ello se ha alimentado la percepción de que Conde-Pumpido no actúa como un garante independiente del orden constitucional, sino como un ejecutor jurídico de la voluntad del poder político. A diferencia de Becket, que arriesgó su posición y su vida por fidelidad a la Iglesia, Conde-Pumpido parece haber optado por ligar su carrera profesional, ya en su tramo final, a la fidelidad personal a quien debe su cargo y no a la fidelidad a la institución que representa.

El recurso contra la ley de Amnistía ha brindado a Conde-Pumpido una última oportunidad para demostrar su independencia como presidente del TC. No lo ha hecho. La ley, controvertida en el ámbito jurídico, fue aprobada tras un drástico giro de Pedro Sánchez, quien en numerosas ocasiones previas la calificó de inconstitucional, cambiando de opinión cuando Junts, liderado por Puigdemont, condicionó su apoyo a la investidura a la aprobación de dicha ley de Amnistía. Además, fue rechazada por el Senado, que representa a la mitad del poder legislativo, y por una opinión pública mayoritariamente contraria. La Comisión Europea ha presentado un dictamen ante el Tribunal de Justicia de la UE, calificando la amnistía como una «autoamnistía» vinculada al pacto de investidura, ya que «no persigue un objetivo de interés general» y podría vulnerar principios del Estado de derecho al favorecer a quienes facilitaron la elección del presidente del Gobierno. Incluso voces históricas del PSOE, como González, han expresado su rechazo frontal. Pese a este contexto, y a la posibilidad de esperar al pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la UE, Conde-Pumpido ha optado por mantener su lealtad política al presidente del Gobierno, anteponiéndola a su deber constitucional. Su figura queda así retratada: no como guardián de la legalidad, sino como vasallo de Sánchez en pronunciado declive.

El contraste entre Becket y Conde-Pumpido nos recuerda que el verdadero sentido del servicio público no se mide por la cercanía al poder, sino por la capacidad de actuar con independencia y valentía. Becket encarna la figura del hombre que tuvo el coraje de oponerse al poder en defensa de su deber institucional. Conde-Pumpido, en cambio, representa el reverso de esa figura: el hombre que, una vez nombrado, se pliega sin reservas al poder que lo promovió, diluyendo la separación de poderes que sostiene toda democracia. La ley de Amnistía ha ofrecido a Pumpido una ocasión decisiva para demostrar su independencia como presidente del TC. Sin embargo, lejos de ejercer un control riguroso sobre una norma tan controvertida, ha vuelto a alinearse con los intereses del Gobierno de Sánchez, avalando una ley concebida para beneficiar a sus aliados políticos. Al no frenar una medida que una abrumadora mayoría de juristas considera incompatible con los principios de la Constitución y del Estado de derecho, Conde-Pumpido ha consolidado su imagen como figura servil al poder ejecutivo. Lejos de actuar como garante constitucional, pasará a la historia como un jurista sometido a los dictados del poder político al que debía controlar y por erosionar la credibilidad del tribunal como máximo intérprete de la Constitución.