Una reforma insuficiente

Las reformas se anuncian a trompicones y con voces discordantes en el seno del Ejecutivo, no responden a un patrón homogéneo y el PSOE se conforma con evitar que la situación vaya a peor

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EL Congreso de los Diputados convalidó ayer la reforma laboral aprobada por el Gobierno mediante real decreto ley, gracias a la abstención del PP y de los grupos nacionalistas, movidos a esta opción por la futura tramitación de la norma como proyecto de ley. Teóricamente, esta es la contrapartida del PSOE a los demás grupos parlamentarios por no impedir la aprobación de una reforma que, a pesar de su necesidad y de cuanto entraña de rectificación por parte del Gobierno, nace rodeada de incertidumbres. Por lo pronto, el ministro de Fomento ya ha reconocido que puede ser «insuficiente» para crear empleo, y el gobernador del Banco de España se lamentaba de que el decreto eludiera una reforma de la negociación colectiva. Al tiempo, los sindicatos la rechazan y los empresarios la ven corta. El panorama del nuevo mercado laboral no invita precisamente al optimismo. Además, mientras no haya crecimiento económico suficiente, no se darán las condiciones requeridas para crear empleo, con esta reforma o sin ella, por la sencilla razón de que las empresas no tendrán necesidad de contratar nuevos empleados, pero sí podrán despedir con más facilidad. Nada peor puede pasarle a una reforma laboral que ser recibida con esta sensación de fracaso anticipado, porque así es imposible que incite a los empresarios a contratar y a los trabajadores a implicarse en un mercado laboral supuestamente más dinámico.

Una de las principales consecuencias es que el déficit público no se reducirá en los términos fijados por el Gobierno, porque los costes del desempleo van a impedirlo. Por eso las reformas del Gobierno se encuentran, sencillamente, en una fase intermedia, ya que cada día se anuncian, sugieren o insinúan nuevas medidas. Así, el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, anunció ayer que una nueva reforma se basará, como estaba descontado a pesar de los desmentidos del Gobierno, en una ampliación de la edad de jubilación. Nuevamente cae un tópico de este Gobierno, obligado desde hace varios meses a desdecirse de sus principales compromisos de política social, que se ampararon en la temeraria seguridad de que nunca tendría fin el ciclo de bonanza que recibió en 2004. Ahora toca recoger velas a medida que las arcas se vacían, y lo hace al dictado ajeno, deprisa y sin agenda. El Gobierno socialista abarata el despido, reduce las pensiones, paga menos a los funcionarios, hará trabajar más años a los ciudadanos, aumenta los impuestos indirectos, colapsa la obra pública, recorta la ayuda a los dependientes y suprime la de maternidad, medidas que hoy son tan traumáticas porque el Gobierno no quiso tomarlas a tiempo, negando la evidencia de la crisis. Por eso, junto con la reforma de las pensiones, es seguro que el Ejecutivo impulsará en 2011 una nueva subida de impuestos para intentar cumplir el objetivo que le ha impuesto Bruselas de reducción del déficit. Y antes o después les tocará el turno a las prestaciones por desempleo, y entonces se cerrará el círculo de

la negación de Zapatero a sí mismo y a su discurso social.

Este Gobierno tiene el don de no dar seguridad ni certidumbre siquiera cuando inicia un camino de rectificación. No es suficiente que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, llame para mostrar su apoyo a Zapatero ni que el presidente del FMI le diga que las medidas tomadas son las correctas: ni uno ni otro iban a criticar lo que han obligado a Zapatero a hacer. El problema es de confianza en la dirección política de España. Las reformas se anuncian a trompicones y con voces discordantes en el seno del Ejecutivo, no responden a un patrón homogéneo y se conforman con evitar que la situación vaya a peor, lo cual conduce al estancamiento, no a la recuperación. El Gobierno no incentiva la inversión con una bajada de impuestos y costes laborales reales, pero tampoco se mantiene una política de obra pública que mantenga activas algunas constantes vitales de la economía. El Gobierno golpea a la clase media bajando los salarios de los funcionarios y recorta pensiones, pero al mismo tiempo aumenta el IVA, retrayendo por partida doble el consumo, con efecto negativo directo en los beneficios empresariales y el empleo. ¿Cuál es la política económica del Gobierno? Mientras esta pregunta no tenga una respuesta definida, las reformas del Ejecutivo de Rodríguez Zapatero nacerán lastradas por la desconfianza, por más que pueda presumir de no contar con muchos votos en contra en el Congreso.