¿Premonición de la III República?

En el momento presente, viviremos toda clase de situaciones hasta el 27 de noviembre, fecha en la que se acaba el plazo máximo de dos meses para intentar designar en el Congreso de los Diputados un nuevo presidente del Gobierno, tras la selección que se hizo de Alberto Núñez Feijóo como primer candidato para pasar por la sesión de investidura. Todo conforme al artículo 99 de la Constitución, según el cual «el Rey, previa consulta con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria y a través del presidente del Congreso, propondrá un candidato a la Presidencia del Gobierno».

En ese contexto, varias tendencias políticas de la nueva posible coalición 'Frankenstein' del posible futuro Gobierno Sánchez (ERC y Junts), no concurrieron a las consultas del Rey. Lo cual es una anomalía total porque la nuestra es una Monarquía Parlamentaria, y no participar en tales encuentros es, de facto, como negar prerrogativas del Jefe del Estado.

Posteriormente, ERC para formar grupo en el Congreso tuvo un préstamo de dos escaños de Sumar; y Junts per Catalunya, cuatro del PSOE. En ambos casos, un fraude de ley completo, por mucho que esos préstamos se hayan convertido en una costumbre parlamentaria, claramente en contra la soberanía nacional.

Por lo demás, en el panorama que tenemos por delante también está claro que la pretensión actual del presidente del Gobierno en funciones es continuar de inquilino en La Moncloa. Para lo cual quiere tener el apoyo de los siete diputados del Grupo de Junts per Catalunya, que en este momento están abiertos en régimen de subasta, para ver qué candidatura les paga más por sus escaños. En la idea de exigir por esos siete votos positivos la concesión de una amnistía para todos los independentistas hoy inhabilitados de una forma u otra por la declaración unilateral de independencia de Cataluña el 27 de octubre de 2017. Con esa medida, los todavía inhabilitados quedarían limpios de su propio pasado, no mediante una amnistía –término antitético con la Constitución– sino con base en un apaño/cambalache ilegal que seguramente podría llamarse 'alivio penal'.

La segunda pretensión de Junts es la de un referéndum de autodeterminación sobre el futuro de Cataluña, que Pedro Sánchez va a intentar otorgar con la ambigua denominación de consulta no vinculante; suavizando términos para evitar la inconstitucionalidad patética ante la que estamos. Hay, pues, un chantaje para los votos de Junts a favor de Sánchez, mediando amnistía y referéndum de autodeterminación, o como finalmente se denominen, en la negociación iniciada con las gestiones de la vicepresidenta segunda del Gobierno en funciones, Yolanda Díaz, que recientemente se reunió en Bruselas con el prófugo Carles Puigdemont, jefe de Junts per Catalunya, bordeando así la ilegalidad. ¿La Policía va a preguntar a doña Yolanda sobre qué habló con el prófugo en la mencionada reunión?

Desde luego, lo que se defiende en este artículo es la necesidad de una aplicación efectiva de la Constitución, y no de ver, reiteradamente, una y otra vez, la manera de deformar su vigencia, con el habitual dicho de que «el papel lo aguanta todo»… y la llamada ley de leyes no menos.

Nunca hasta este momento se había visto semejante conjunto de componenda/milagrería judicial por estos pagos. Hasta el punto de que tienen que ser los propios miembros más senectos y experimentados del partido principal (PSOE) de la coalición de investidura de Pedro Sánchez, y especialmente Felipe González, quienes llamen la atención al candidato. Para decirle, fundamentalmente, que va por mal camino, y que no puede dejar que España entera dependa de quienes rechazan principios constitucionales muy importantes.

Al tiempo, el presidente del Gobierno en funciones, pretende retorcer el artículo 3 de la Constitución, haciendo de la Cámara de diputados un nuevo Babel. Cuando la lengua oficial del Estado, el castellano o español, es la propia de seiscientos millones de hispanohablantes.

Como habría dicho Goya, los sueños de La Moncloa están produciendo monstruos, intolerables en nuestro sistema democrático. En esa dirección, los partidos políticos que sí quieren respetar la Constitución, deberían plantear de inmediato al Tribunal Constitucional que estamos ante el manejo más fraudulento de la Constitución, con incumplimientos, tergiversaciones, sofismas y otros intentos de engañar al pueblo. Por eso, con el texto de 1978 en la mano, es preciso ir a una situación muy distinta de la bien patética que atravesamos; todo por la ciega ambición de poder del candidato Sánchez, pactando con los enemigos de la unidad de España y contrarios a la democracia de la Monarquía Parlamentaria. ¿De aquí hacia dónde vamos? ¿No se están urdiendo ya las bases de una aciaga Tercera República? Los primeros compases del drama podrían resonar muy pronto.