El presidente no tiene ningún plan

El plan que ayer presentó el presidente resultó decepcionante, por cuanto se limitó a glosar algunas cuestiones que ya son vinculantes desde la aprobación en el Parlamento Europeo de la Ley para la libertad de medios de información. El reglamento en cuestión abunda en la necesidad de proteger a los medios de comunicación de la injerencia política y propone, para ello, medidas que son en efecto perfectamente razonables. La transparencia en la propiedad o en la publicidad institucional son instrumentos deseables y exigibles en el entorno mediático, pero nada tienen que ver con el halo de sospecha que el presidente intenta extender desde hace semanas sobre todos los medios que se atrevan a disentir del relato gubernamental, sobre todo en lo que atañe a la situación cada vez más insostenible de su círculo íntimo.

Un debate serio y riguroso sobre la extensión de bulos e incluso sobre la intromisión de potencias extranjeras en el ecosistema informativo de España no debería centrarse en los medios de comunicación, sino en los canales alternativos a través de los cuales se vehiculan las noticias falsas y los bulos sesgados. Los medios de comunicación viven de su reputación y credibilidad, pero plataformas digitales y las redes sociales sin criterios de edición ni responsables legales sobre los contenidos son quienes constituyen hoy el mayor desafío para la estabilidad de la opinión pública. Sin embargo, el interés del presidente no pasa tanto por proteger la información veraz, consignada en nuestra Constitución, sino que aspira a desactivar la credibilidad de noticias que son evidentemente ciertas pero que comprometen la honorabilidad y credibilidad del propio Sánchez.

La política de comunicación de este Gobierno constituye, en sí misma, una afrenta contra el reglamento europeo. La Moncloa y Ferraz favorecen de forma explícita a determinadas cabeceras y emisoras, concediéndoles entrevistas y filtrando información que entraña un inequívoco interés. España, como cualquier otra democracia, debe seguir impulsando mecanismos que garanticen la libertad de información y la independencia de los medios, pero esos objetivos legítimos contrastan de forma evidente con las prácticas de un Gobierno que, por ejemplo, es capaz de situar a un exsecretario de Estado al frente de la Agencia EFE o a una militante en la presidencia de RTVE.

Afortunadamente, Europa cada vez vigila con más celo la libertad de los medios y el Gobierno sabe que no puede más que anunciar medidas que o bien son cosméticas o bien ya forman parte del reglamento europeo. La pobreza del plan anunciado con tanta expectación ha dejado al descubierto que su único interés es crear desconfianza sobre cualquier noticia que pueda comprometer la honorabilidad del hermano del presidente, de su esposa, Begoña Gómez, y del propio Pedro Sánchez.