Política de detenciones

En España se ha instalado una práctica de la detención gubernativa, en determinadas investigaciones de repercusión política, que resulta preocupante

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LA detención policial o gubernativa ha sido históricamente uno de los mayores riesgos para las libertades de los ciudadanos, y si el Estado de Derecho presenta algún rasgo característico es el de su protección frente a las arbitrariedades del poder ejecutivo. No en vano, la primera garantía fundamental del proceso penal es el «habeas corpus», un procedimiento especial que tiene su origen en la Carta Magna inglesa del siglo XIII y que está previsto por la Constitución española para obtener el amparo del juez por una detención ilegal. La polémica sobre las circunstancias en las que se ha producido la detención del presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, obliga a recordar que la legalidad de una detención no depende únicamente de que la Policía esté autorizada a practicarla, como afirma el Gobierno, lo cual es una obviedad que llevaría a dar por buena cualquier detención policial, sino de que dicha detención responda a alguno de los supuestos expresamente previstos por la ley y sea practicada conforme a la ley. También conviene recordar que las garantías del proceso penal son ajenas a la mayor o menor cantidad y calidad de los indicios contra el sospechoso. Se justifican por sí solas en la medida en que representan la primacía del derecho a un proceso justo.

En España se ha instalado una práctica de la detención gubernativa, en determinadas investigaciones de repercusión política, que resulta preocupante, porque, o bien no están basadas en alguno de los casos previstos por la ley, o bien se realizan de forma que lesionan gratuitamente la imagen y la fama del detenido. Por eso, la demanda de explicaciones dirigida por el Partido Popular al Gobierno sobre la detención policial de Ripoll está plenamente justificada, sea cual sea la veracidad de las sospechas o de los indicios contra el presidente de la Diputación alicantina. En todo caso, parece desproporcionada una privación de libertad de ocho horas para entregar una citación judicial; y no es razonable que, estando en trámite una investigación judicial —y no mediando peligro de fuga, de destrucción de pruebas o de inminente comisión de delitos—, el juez que la dirige se entere de pasada de que la Policía ha detenido a varios investigados. Entre la intencionalidad política de una operación policial más propia de la lucha antiterrorista y las dudas más que justificadas sobre la legalidad de la detención de Ripoll, el Gobierno socialista vuelve a demostrar que en la contienda contra el Partido Popular le vale todo.