TIEMPO RECOBRADO
El sueño húmedo del nacionalismo
La división de poderes es la principal garantía de una democracia
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Iniciar sesiónAunque el asunto es complejo y posee una dimensión jurídica, la decisión de la Sala de Vacaciones del TC sobre la inmunidad de Puigdemont tiene una indudable trascendencia porque remite a cuestiones esenciales como la división de poderes y la independencia judicial. Lo que han ... fallado dos de los tres magistrados que integran la Sala es que la orden de detención cursada por el Supremo contra el prófugo se ajusta a derecho porque carece de inmunidad. Esto es lo que establece la reciente sentencia del Tribunal General de la Unión Europea, que entendió que Puigdemont podía y debía ser juzgado en España.
El voto particular de la magistrada Laura Díez expresa su disconformidad con la inadmisión porque el asunto tenía que haber sido examinado en el Pleno del Constitucional y no por esa Sala de Vacaciones. Pero lo que más llama la atención y lo verdaderamente preocupante son los argumentos utilizados por los críticos del fallo, que han sido dirigentes del PSOE y del independentismo catalán. El núcleo de su argumentación es que los dos magistrados que han desestimado la inmunidad son cercanos al PP. Y ese señalamiento se formula con el propósito de deslegitimar la decisión. Dicho con otras palabras, se hace una lectura estrictamente política del fallo al vincularlo a una hipotética voluntad de Concepción Espejel y César Tolosa, los dos magistrados a favor, de torpedear el proceso de negociación con Junts para sacar adelante la investidura de Sánchez. Un juicio de intenciones sin ningún indicio razonable.
Los que sostienen que el fallo es ideológico lo que están haciendo es precisamente lo que reprochan: politizar la resolución y vincularla a intereses partidistas. Pero lo cierto es que no es posible encontrar el menor reparo jurídico al fondo del asunto, que reside en que Puigdemont carece de impunidad. En el colmo del cinismo, los críticos llegan a decir que el recurso podría dar la razón al prófugo, algo que es una mera hipótesis que no puede ser tomada en serio.
Nada de esto es casual ni inocente. Lo que los independentistas pretenden es sembrar la sospecha sobre los altos tribunales y sugerir que la Justicia en España está controlada y manipulada por la derecha. Algo que fue una constante en el juicio contra los dirigentes del procés en el Supremo en el que los abogados intentaron atacar su legitimidad.
De aquí a propugnar que Cataluña se emancipe del sistema judicial y que el Supremo no sea ya la máxima instancia en ese territorio sólo va un paso. Es lo que pretenden Junts y ERC, que siempre han defendido la necesidad de una justicia catalana con jueces designados por el poder político. Ese es el sueño húmedo del nacionalismo catalán, que ya intentó materializar en el Estatuto enmendado por el Constitucional. La división de poderes es la principal garantía de una democracia y, por eso, hay que estar muy alerta sobre el peligro de que Puigdemont aproveche la ocasión para apuntillar la letra y el espíritu de la Constitución.
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