El mito del funcionario

Solo el 60 por ciento de los empleados públicos son funcionarios de carrera. El resto está formado por personal laboral y cargos de confianza e interinos

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EL recorte de salarios a los funcionarios públicos tenía un mensaje implícito que daba a la opinión pública otro chivo expiatorio para la crisis. Atacando las nóminas públicas se señalaba a los funcionarios como uno de los agujeros por los que se iba el dinero del Estado. También quedaban expuestos a los tópicos habituales que los dibujan como vagos e indolentes, privilegiados con un trabajo de por vida. La cara oculta de esta publicidad subliminal contra los funcionarios está en los datos que hoy publica ABC: solo el 60 por ciento de los empleados públicos, sin contar los que están en la nómina de empresas públicas, son funcionarios de carrera por oposición. El resto está formado por personal laboral y, hasta un 13 por ciento, por cargos de confianza e interinos. Los porcentajes se invierten en la Administración Local, en la que los contratados superan el 60 por ciento.

Cuando se denuncia el exceso de gasto salarial en las administraciones públicas, no se repara en discriminar cuánto de ese gasto corresponde a funcionarios que han ingresado por oposición y cuánto a personal designado a dedo por los responsables políticos. Esto explica que, a pesar del recorte de nóminas, la masa salarial siga aumentando en este año, porque las administraciones siguen contratando personal. Para rebajar el gasto bastaría con cerrar la contratación de asesores y gabinetes, redistribuir el trabajo entre el funcionariado de carrera ya existente y reducir la interinidad. Se trata de un compromiso que deben asumir no los funcionarios, que llevan años perdiendo poder adquisitivo, sino los responsables políticos que utilizan las administraciones bajo su control como agencias de colocación. Es cierto que es necesaria una reforma de la Función Pública. Debe aumentar la eficiencia con los actuales recursos; es preciso un control de la productividad que evite abusos en la disposición de permisos y en la flexibilidad horaria; y debe haber una mayor consideración de los cargos políticos hacia el trabajo de los funcionarios, obligados muchas veces a secundar instrucciones más de partido que de servicio público.

Estos aspectos deben recibir una respuesta alejada del mito del funcionario indolente. Quienes lo utilizan olvidan que son funcionarios, entre otros, los maestros, los policías, los médicos o los bomberos, es decir, los que sostienen una sociedad desarrollada y segura. Esa respuesta necesaria debe poner el foco en las carencias reales de la función pública y renunciar a la demagogia.