Un fiscal y dos imperios: el de la Verdad y el de la Ley

Aún así, sigue habiendo quien defiende el (nuevo) derecho a combatir el bulo, algo así como una legítima defensa que permitiría matar la privacidad de nuestros datos.

En la sentencia, los jueces se salen de lo suyo para comparar: tampoco un médico puede confirmar un diagnóstico por mucho que los vecinos vean con sus propios ojos los síntomas del paciente.

Volvemos a los titulares. La tormenta informativa en la Fiscalía se desata por unas publicaciones erróneas sobre lo que está ocurriendo con González Amador. Para demostrar que no es así, se pone en marcha la maquinaria. Las mismas magistradas que sostienen que la nota «no sería delictiva porque ya se conocían los datos», reconocen información periodística errónea. Aquilatando verdades y confusiones, añaden que en el juicio hay periodistas que sí dicen la verdad. Y así, eligen a qué periodista creer y a cuál no. Pero los jueces no son árbitros de un imperio de la Verdad, sino de un imperio de la Ley. Somos los periodistas los que jugamos -junto con la audiencia- en esa liga de la verdad. Por eso se nos permiten atajos como el de la confidencialidad de las fuentes. En un procedimiento judicial, el partido se juega en otros términos: los del imperio de la Ley. Para que ésta se imponga se necesita de la verdad, pero, ni siquiera el uso de esa verdad está por encima de la propia Ley. Igual que la verdad de un caso no borra la legalidad de otro. Y así que la Fiscalía haya revelado información confidencial sobre sus supuestos delitos, no invalida que González Amador los haya podido cometer.