Bienvenidos al turbosanchismo

Si el turbocapitalismo tuviera que elegir una frase para definir su modus operandi ante la normativa se parecería a ésta: «La empresa puede hacer todo lo que la ley no prohíba». Viene a ser algo así como abusar de la buena fe del legislador: haberlo pensado antes. Que lo turbo no es solo lo económico, también político, lo ha confirmado esta semana nuestro Tribunal Constitucional: «El legislador puede hacer todo lo que la Constitución no prohíba», señala el borrador de la ponencia para el recurso de la ley de Amnistía. Queda resumida ahí una forma de gobernar: la turbopolítica. La afirmación va en línea, o ¡qué digo!, supera, con el concepto de libertad de Ayuso: todo lo que no está prohibido está permitido.

Con la sentencia del Constitucional –que no es judicial, pero sí conceptual– el sanchismo entra en una nueva fase. Bienvenidos, por tanto, al turbosanchismo. Y no es un turbosanchismo cualquiera, sino uno bendecido por los jueces en un rocambolesco movimiento en el que los mismos magistrados reinterpretan el imperio de la ley y la separación de poderes. Si el legislador está por encima de los demás, entonces no hay tres pilares, sino uno solo. Y en estos momentos, tal reformulación es una bocanada de aire fresco para el sanchismo que, además, se encuentra atrapado estos días en otro sistema de velocidad supersónica. Su propia turbocorrupción –supuesta, entiéndame–. Con tantos frentes abiertos que no nos da tiempo a asimilarlos. Todo a la vez en muchas partes. En mantillas se queda lo que antes llamábamos macrocorrupción.

La turbocorrupción, como el turbocapitalismo, se intenta frenar desde los juzgados. Pero a veces ya es tarde. Cuando nos llegan las resoluciones de los Uber y los Glovo, los falsos autónomos, los cárteles o el modo de producción de Shein, estos servicios ya están tan arraigados en nuestra forma de vida que nos parecen lo más normal del mundo. Igual que el sanchismo.