Pensiones: por un pacto de Estado

Pongamos algo de contexto. En julio de 2005, España gastaba en pensiones contributivas menos de la mitad que ahora, alcanzándose en julio de 2024 los 12.752 millones de euros al mes. La previsión es que esas cifras sigan creciendo dado el progresivo envejecimiento poblacional que sufre España.

Porque nuestro mayor desafío a largo plazo de índole social y económico es el reto poblacional derivado de su constante envejecimiento. Y este desafío es común en toda la Unión Europea (UE) que ha publicado el Ageing Report 2024, un informe sobre el impacto del envejecimiento poblacional. Según el informe, España es y será el cuarto país con mayor población de la UE –por detrás de Alemania, Francia y casi al mismo nivel que Italia– y las personas mayores de 65 hoy representan el 20,2 por ciento y alcanzarán el 29,1 en 2040 y el 33,1 en 2070.

En virtud de la tasa de reemplazo de la pensión sobre el salario, según el informe de la UE, España es el país con el sistema de pensiones más generoso de los Veintisiete y, con las ultimas reformas realizadas por el Gobierno, en 2070 seguirá siéndolo.

Ahora bien, según el mencionado informe, en el año 2045, el déficit de nuestra Seguridad Social será del 2,5 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB), alcanzando el 3,1 por ciento en 2053, sólo ocho años después. El gasto en pensiones será de los más altos de la Unión, llegando en 2045 al 16,9 por ciento del PIB, cinco puntos porcentuales por encima de la media de la UE, manteniéndose estos porcentajes hasta el 2070. Y todo ello, con unas hipótesis de proyección bastante estresadas y estresantes ya que, en media, la edad efectiva de jubilación debería alcanzar rápidamente los 67 y el número de años trabajados alcanzar los 40, llegando –como rezaba la portada de ABC del pasado 19 de agosto– a los 42. Se proyecta una inmigración anual en torno a 200.000 personas, lo que suponen más de 7,5 millones de personas, con un incremento nacional de la tasa de natalidad del 22,5 por ciento, partiendo de la actual del 1,16 hasta alcanzar 1,42 hijos por pareja. Y se proyecta el crecimiento de la productividad anual al 1,3 por ciento con una bajada a la mitad de la tasa de desempleo.

Efectivamente, el desafío de las pensiones es un reto económico y demográfico, incluido el de la España despoblada. Es un reto sobre longevidad, natalidad, movimientos migratorios, empleo, productividad e inflación. Es debatir sobre la carga que asumirán las generaciones venideras si no se hacen reformas estructurales. Y sobre la sostenibilidad del sistema productivo y de la deuda pública y establecer técnicamente, con valentía y determinación, sobre las reformas que deberían proponer partidos con sentido de Estado. Esa fue la razón del nacimiento del Pacto de Toledo: sacar las pensiones de debates políticos y elevarlo a debates de Estado.

Y ese debate para fortalecer nuestro actual sistema público de reparto de prestación definida, además de deliberar sobre cómo rejuvenecer la población mediante políticas de natalidad y de ordenación de la migración, se debe centrar en: 1) la productividad y la empleabilidad; 2) el modelo de devengo de las pensiones y 3) su sistema de financiación. En cuanto al primer punto, a la productividad y a la empleabilidad (dos pilares fundamentales de la economía) no se las puede seguir cargando con una mayor presión fiscal, ni con un inapropiado esfuerzo fiscal –el mayor de la Unión Europea– porque el efecto será el contrario al deseado: precariedad en el empleo y falta de productividad en las empresas.

Respecto al segundo encontramos el modelo de devengo: el actual sistema contributivo es usado al mismo tiempo como política redistributiva de la riqueza al socaire del partido político que gobierne. Añadir la redistributividad a la contributividad destruye la relación entre aportación y pensión; lo que significa que se están asignando dos objetivos contradictorios a un mismo programa. El resultado es, por tanto, un programa muy confuso que, en realidad, no logra sus objetivos mínimos. Por ello, en relación al modelo de devengo, se necesita:

1) Reforzar el principio de contributividad, basado en un sistema mutual y que, en consecuencia, existiera una auténtica relación de equilibrio actuarial entre lo cotizado por el trabajador y su pensión, ya que su pensión contributiva es su salario diferido y por eso se cotiza directamente en el Impuesto sobre la Renta como rendimientos del trabajo.

2) La institucionalización de modelos no contributivos, basados en la solidaridad, para las personas más desfavorecidas financiados mediante impuestos a través de programas redistributivos y de paliación de la pobreza.

En cuanto al sistema de financiación, se necesita reforzar un apropiado sistema de tres pilares: el público y de reparto; el de corte empresarial, de capitalización actuarial basado en la negociación colectiva; y el individual, de capitalización financiera y libre. En la actual España del fango y la confrontación, también se han enfangado los tres pilares, hasta tal punto que sólo existe el primero y se pretende confrontar al tercero con el segundo.

En conclusión, sigue sin existir un pacto de Estado que sea verdaderamente estable en el tiempo –y no cambie en función del partido político de turno en el poder– sobre un asunto, el de las pensiones, que representa nada menos que el 42 por ciento de los Presupuestos Generales del Estado. En definitiva, en pensiones debemos retomar un auténtico pacto de Estado.