Una Europa que envejece

Las proyecciones demográficas a muy largo plazo son absolutamente necesarias para poder elaborar planes económicos a muy largo plazo. Y lo son tanto para los planes estratégicos nacionales –ver Ompege (2021), 'España 2050, fundamentos y propuestas para una Estrategia Nacional a Largo Plazo', cuyas conclusiones se basan en proyecciones de Eurostat– como para los planes estratégicos de las empresas. Estas proyecciones, a su vez, deben ser consistentes, con una narrativa económica de largo plazo que tenga en cuenta la evolución histórica y la experiencia internacional y sea consistente con la capacidad productiva, incluida la evolución de la tecnología. Proporcionan información sobre cómo cambiarían el tamaño y la estructura de la población de los países de la Unión Europea, ayudando a formular políticas económicas y sociales. Y esa demografía afecta al potencial crecimiento, al condicionar aspectos tan relevantes como la estructura del mercado laboral, las presiones sobre el gasto relacionadas con el envejecimiento, la productividad o el reparto de la riqueza entre generaciones. Por tanto, las proyecciones contribuyen a un debate informado para la evaluación de la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas, el análisis social del impacto del envejecimiento y del potencial crecimiento económico, incluyendo su productividad.

Dicho lo anterior, el impacto de las tendencias demográficas proyectadas por Eurostat, en ausencia de reformas estructurales en política económica y social, implicaría una disminución en el crecimiento promedio del PIB real, un impacto en la tasa de interés real y la inflación, y una severa carga sobre la productividad, los sistemas de pensiones y de atención sanitaria. El envejecimiento de la población cambiaría el panorama financiero, con un papel potencialmente mayor para los intermediarios financieros y los precios de los activos. El Banco Central Europeo analizó recientemente las consecuencias de los cambios en las tendencias demográficas para la economía en su conjunto. Estimó una disminución en el crecimiento promedio del PIB real a alrededor del 1 por ciento anual en el período entre 2020 y 2050 y un aumento en la tasa de dependencia de las personas mayores, lo que implicaría que habría una disminución en el crecimiento per cápita.

En cuanto a la evolución de los mercados financieros, predice que el envejecimiento de la población provocará cambios en el saldo de ahorro e inversión de los hogares. Sus proyecciones predicen un cambio estructural de las tasas de interés reales, debido a un aumento en la intensidad de capital en la producción y una disminución de la inversión necesaria para mantener el stock de capital. Al mismo tiempo, los individuos que pertenecen a diferentes generaciones tenderían a elegir una combinación diferente de activos en términos de riesgo. Esto se traducirá en precios de activos más bajos a medida que una generación más grande de jubilados venda sus activos a una generación más pequeña de personas de mediana edad. El aumento implícito de los fondos de pensiones utilizados para financiar la jubilación aumentará el papel de los intermediarios dentro del sistema financiero. Un menor crecimiento del ingreso per cápita tendrá implicaciones para los sistemas de pensiones y la atención médica. En ausencia de reformas, el gasto en pensiones y atención sanitaria representará en el futuro una proporción considerablemente mayor del ingreso nacional. Las opciones de reforma en Europa incluyen la introducción de sistemas de pensiones de capitalización parcial, posiblemente en combinación con una transformación de los sistemas de reparto en los llamados sistemas nocionales de contribución definida, como ha ocurrido en Suecia y en Italia, así como el establecimiento de incentivos económicos apropiados para la oferta y la demanda de servicios de atención médica.

En un orden social, la ordenación de los movimientos migratorios necesarios es muy relevante. Cada año, en torno a 2,4 millones de inmigrantes entran desde países no pertenecientes a la Unión Europea. Y cada año los estados miembros de la UE conceden la nacionalidad en torno a 650.000 personas. Así, en 2023, de los 447 millones de personas que viven en la Unión Europea, casi 24 millones de personas (5 por ciento) eran extranjeras; es decir, no tenían la ciudadanía de la Unión Europea. Este será el tono habitual y su tendencia. Los inmigrantes tienen una necesidad económica o de seguridad debido a la situación de sus países de origen. Y los movimientos migratorios contribuyen decisivamente también a que los aspectos culturales experimenten variaciones. Europa se convertirá en un crisol de civilizaciones. Y eso supondrá una adaptación de los usos y costumbres de los países de la UE.

Por todos estos motivos, las políticas públicas de la UE deben centrarse en la evolución y promoción regulatoria de tres elementos claves: la tecnología, que sea capaz de aumentar la productividad y sustituir la mano de obra de las personas que realizan actividades rutinarias; la inmigración, mediante la necesaria regulación de los movimientos migratorios habituales y acuerdos bilaterales con los países de origen, incluida la ayuda; y las tasas de natalidad y los sistemas de protección de la salud y la jubilación, a través de regulaciones fiscales y laborales, incluida la colaboración público-privada.