España sale barata

Si Josep Pla viviese hoy repetiría de su paisano Puigdemont lo que antes dijo de otros como él, «es un paranoico de sus intereses». El prófugo de Waterloo, líder de un partido minoritario pero imprescindible para la continuidad del PSOE en el poder, ha tasado la investidura de Pedro Sánchez: aceptación pública del falseamiento histórico de los nacionalistas y reconocer su derecho a la independencia, obligar al sistema judicial a ignorar los delitos cometidos por el secesionismo, aprobar una ley de amnistía y recuperar la figura de autoridad del relator que convierta a los sediciosos en víctimas de un Estado opresor. Puigdemont, ya se ve, es un tipo con mucha hambre. De esa lista lo importante no es lo que pide, la rendición incondicional del Estado de derecho, sino lo poco que tiene que dar a cambio, lo barato que le sale apoyar a Sánchez. Tanto el expresidente catalán como el lendakari han percibido la oportunidad, hasta exhibir impúdicamente unas demandas que consagran privilegios para unos pocos contra la igualdad constitucional de los españoles. Lo más inquietante de los últimos días es que buena parte de la militancia socialista anda en predisposición favorable para el intercambio y los exdirigentes opuestos a una transacción tan deshonesta, empezando por Felipe González, están siendo expulsados del paraíso socialdemócrata, por viejos y apestados.

Cataluña se ha entregado a Pedro Sánchez, esa es la clave más indiscutible del 23J. Tanto los votantes como las élites cierran filas con él; Salvador Illa es el eje sobre el que empiezan a pivotar las redes de poder. El sistema catalán lo explica en el «apaciguamiento» propiciado por los indultos, pero existe otra manera de justificarlo, menos honorable, en que «Sánchez nos da lo que queremos». Así actuó siempre esa élite civil; con los borbones, con Primo, con Franco y después con Zapatero y Sánchez. Puigdemont ya no forma parte del sistema, va a su aire, ha sido expatriado por enajenado y estrafalario. Él lo sabe. Por eso alguien en la derecha oteó una baza, inabordable, porque cualquier concesión al prófugo resulta letal en la base social de los populares. Alguien pensó que a Puigdemont le podría interesar entenderse con el PP. Que en realidad sus verdaderos adversarios, sus competidores en las urnas, son el PSC y ERC, aquellos que le están desalojando de las instituciones. Y por eso mismo, porque fantasear es gratis, un líder providencialista como el exalcalde de Gerona podría soñar con tener un lugar de honor en la Historia si cierra un acuerdo de paz con el PP, con el enemigo real, el representante auténtico de la España opresora, si fragua un pacto civilizado entre naciones hostiles que deciden dejar de guerrearse, como lo que vemos en algunos cuadros del Prado. Lo que cuesta creer es que el expresidente catalán esté menos cuerdo de lo que ya suponíamos.

Y en el frente empresarial nos acaba de sorprender la silenciosa compra de casi el 10% de Telefónica por parte de una tecnológica saudí propiedad de su familia real. Una operación de la que circulan diversas tesis conspiranoicas y mediante la cual el viejo monopolio español vuelve a tener un accionista público, pero ahora es un Estado extranjero y de nefasta reputación. El caso trasciende a Telefónica y define nuestra posición como país y la fortaleza de nuestras grandes enseñas. Desde la crisis financiera de 2008 España no ha vuelto a ser la misma, en ningún orden. Hemos pasado de comprar empresas extranjeras a ir siendo adquiridos, paquete a paquete, por fondos lejanos. La armada empresarial que en el periodo de entre siglos salió a comerse el mundo anda hoy administrando sus posesiones, incluso replegándose en algunos mercados, con buena lógica pero donde se percibe la ausencia de la ambición pasada, salvo dos o tres casos contados. El Ibex ha caído un 40% en esta etapa; las joyas de la economía española están bien gestionadas, pero pueden ser objeto de compras porque sus acciones están infravalorada. Esto podría ser una oportunidad para empresarios españoles con excedentes de capital, como Amancio Ortega o Juan Roig, si no fuera porque llevan años siendo objetos de un inaudito señalamiento por parte de la mayoría política gobernante, como para meterse en complicaciones ajenas. Ya es curioso que Inditex y Mercadona constituyan los dos últimos éxitos apabullantes y reconocibles por cualquier español medio, cuando su eclosión ocurrió hace más de ¡tres décadas!

Lo del Ibex sólo es la punta del iceberg. Un temblor recorre los salones de los negocios. Contamos con un millar de empresas familiares de gran tamaño y líderes en sus mercados en cuyos consejos de administración se medita (ante el desafío del traspaso generacional) si merece la pena seguir al pie del cañón, con un sinfín de problemas en un país que no prestigia el emprendimiento y estigmatiza el capitalismo, o es mejor aceptar la oferta de alguno de los fondos extranjeros que periódicamente les plantean la venta de la compañía por una cifra tentadora. La situación con las empresas emergentes no es mejor, hasta el punto de que los profesionales más experimentados dudan de que en el futuro podamos contar con compañías que cojan el relevo a las del Ibex: «las empresas medias que quieren salir a Bolsa ya nos piden que les tracemos un plan para hacerlo directamente en Holanda y a las mejores 'start up' las mandamos a Estados Unidos donde cuentan con una financiación más abundante y a menor coste». En definitiva, no se atisba una ola de nuevas empresas de primera división internacional, que puedan tomar el relevo de las marcas conocidas, «salvo Merlin con ese CEO tan irreverente y brillante y alguna otra más no ha surgido nada en quince años». Media España ni se preocupa; el Estado está suplantando a la economía productiva con más funcionarios, más transferencias de rentas públicas y más subvenciones a los votantes; política y economía van de la mano.