García Ortiz o el zorro cuidando del gallinero

El investigado Álvaro García Ortiz no puede permanecer ni un minuto más al frente de la Fiscalía, porque la persona encargada de perseguir el delito no puede estar imputada. Viene a ser lo mismo que poner a un zorro a vigilar el gallinero. Yo entiendo que el fiscal imputado no lo ha tenido fácil, porque tanto él como su antecesora cargan con una pesada carga: la famosa pregunta que le hizo Pedro Sánchez al periodista Íñigo Alfonso en Radio Nacional. «¿De quién depende la Fiscalía? Pues eso». Sin embargo, lejos de soltar lastre, el fiscal no ha parado de protagonizar gestos de sectarismo. Los más graves son los que le han afeado el CGPJ y la Sala Tercera del Tribunal Supremo. El primero consideró no idóneo su nombramiento, y el segundo le acusó de desviación de poder al ascender a su antecesora Lola Delgado, de la que él había sido el número dos. A García Ortiz se le entiende mejor cuando se le analiza desde su antecesora, que entre el Ministerio de Justicia y la Fiscalía se presentó a las elecciones generales por el PSOE. Cuando decidió abandonar el Ministerio Público, dejó el cargo a su amigo y número dos, que no dudó en reconocerla con un puesto para el que no estaba preparada.

Es sabido que el Tribunal Supremo es el último dique ante los excesos del sanchismo, y la Sala Segunda el torreón más alto, aunque no el único. La imputación del fiscal general ha despertado la ira de quienes no sólo no admiten que el Gobierno está en una deriva de colonización de las instituciones, de politización partidista, sino que creen que es víctima de una persecución. Es exactamente lo contrario y, en esa lógica, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, dijo ayer que «entre un delincuente confeso y un fiscal que dice la verdad, me quedo con el fiscal». No obstante, el problema no es ése, sino si el fiscal reveló o no secretos de un ciudadano, sea o no delincuente confeso, porque éstos también tienen derechos aunque sean pareja de Isabel Díaz Ayuso.

El Supremo es la cúspide de nuestro sistema judicial. La Sala II ha dado muestras inequívocas de independencia, pero cuando el Gobierno habla de 'lawfare' está pensando exactamente en ellos. Pero el auto de García Ortiz se ha dictado por unanimidad y, como bien saben en La Moncloa, esa misma sala ha frenado querellas contra, por ejemplo, el presidente Sánchez y el ministro Bolaños. ¿Saben por qué lo han hecho? Por lo mismo que ayer decidieron imputar a García Ortiz. Me van a disculpar, pero yo prefiero un tribunal que hace su trabajo, y por unanimidad, a un Gobierno que no dice la verdad. Incluso aunque no llamara al fiscal general.