Dana y tuna de la Universidad de Valencia

Las variables que jalonan el estudio de la Johns Hopkins son, por un lado, la frecuencia de la suspensión de las clases y, en segundo término, la mortalidad causada por los desastres que llevaron a los distintos claustros a dejar a los alumnos en sus casas. El Principado de Asturias y las provincias del norte de Castilla y León, por la nieve, y la cuenca mediterránea –especialmente la Comunidad Valenciana, cuyo profesorado ha desarrollado una especial sensibilidad para ponerse a cubierto–, en este caso por la lluvia, presentan en el informe de Alldredge las ratios más altas de clausura académica, con unos índices de mortalidad inversamente proporcionales al estrés estudiantil que administran y, a la vez, parejos a los registrados en provincias donde apenas caen cuatro gotas. En segundo plano se documentan casos aislados en el interior de Galicia, singularmente en el segmento de la educación primaria, también sin conexión con desastres. El patrón se repite.

Capítulo aparte merecen en este prolijo estudio, por el interés que ha generado en la comunidad científica su metodología preventiva, las alertas de la Universidad de Valencia, que un día antes de la riada del barranco del Poyo, y del trágico balance que dejó a su paso, supo preverla y cancelar las clases hasta nuevo aviso. Sobre este particular, utilizado ahora como vara de medir responsabilidades públicas, el profesor Jacob W. Alldredge es tajante. «Teniendo en cuenta los cierres universitarios de octubre de 2018, septiembre 2019 y, superada la pandemia, mayo de 2022 y septiembre de 2023, la suspensión de las clases el 29 de octubre de 2024 fue más costumbrista que preventiva», señala el científico, que inasequible al desaliento recauda ahora fondos para un segundo estudio cuyo 'working title' es 'El tremendismo meteorológico en la televisión de España como anticipo de la tragedia'. Normalizada, la excepcionalidad mata.