el contrapunto
Sánchez o la legitimación de la mentira
El presidente se presentó a los comicios como el principal adversario del golpista al que se ha rendido a cambio de siete votos
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La investidura de Pedro Sánchez solo es legítima en términos formales. Es innegable que la respaldó la mayoría absoluta de los diputados en el Congreso, pero si otorgamos a la democracia algún valor moral, si aceptamos como regla nuclear del sistema el hecho que ... el ciudadano emita su sufragio en base a unos compromisos de carácter vinculante adquiridos por los candidatos antes de las elecciones, si conservamos el suficiente respeto por nosotros mismos como para exigir a nuestros representantes que cumplan sus promesas o renuncien al alto honor consistente en representarnos, entonces la investidura de Pedro Sánchez se torna inequívocamente ilegítima por sustentarse en una gigantesca mentira. Y no podemos en modo alguno normalizar la mentira como herramienta política homologable a la verdad, porque al hacerlo prostituimos la esencia de la democracia y nos convertimos en rehenes de embusteros y demagogos.
Nuestro modelo político se apoya en la confianza entre electores y electos. Nosotros, el pueblo soberano, delegamos en ellos cada parcela individual de esa soberanía a fin de que la gestionen en el día a día. Cuando esa confianza se traiciona por el recurso sistemático al engaño, nuestro voto se convierte en un cheque en blanco. Y sucede que la democracia es lo opuesto a un cheque en blanco. La democracia es rendir cuentas, honrar la palabra dada, ser leal a los principios que se dicen defender. Los cheques en blanco responden a la visión del poder que tienen los dictadores; quienes se toman a sí mismos por la encarnación del Estado.
Sánchez se presentó a los comicios como el principal adversario del golpista al que se ha rendido a cambio de siete votos. Negó una y otra vez en público la misma ley de amnistía que su recadero, Santos Cerdán, estaba negociando en secreto con Puigdemont desde marzo. Aseguró que lo traería a España detenido para responder ante la Justicia y ahora acata su mandato de sentar en el banquillo parlamentario a los jueces y fiscales que cumplieron con su deber de hacer valer la ley tras el golpe en Cataluña. No se trata de una estimación errónea en materia fiscal o de empleo, como las habituales en el pasado. Estamos ante un cuestionamiento abierto de la independencia judicial; un ataque frontal a la judicatura, lanzado impunemente desde la tribuna del Congreso por Rufián con la anuencia cómplice de la presidenta socialista, Armengol, y del propio Sánchez en su réplica; una quiebra democrática que el próximo miércoles nos colocará en la picota del parlamento europeo. ¿Y qué hace el presidente para justificar tal bandazo? Apelar a la concordia con los delincuentes amnistiados a cambio de ser investido mientras levanta un muro de odio contra la oposición democrática. O sea, devaluar el sentido de la legitimidad democrática hasta convertirla en una burla.