La Constitución violada

A medida que vamos conociendo los detalles escabrosos del pacto suscrito por el jefe del Gobierno con los partidos independentistas a cambio de sus votos, queda más en evidencia la violencia política ejercida por sus firmantes contra el marco democrático que rige nuestra convivencia. En el fondo y en las formas. En la letra y el espíritu. Para empezar, la negociación secreta de dicho acuerdo a cargo de Santos Cerdán, iniciada fuera de nuestro país tres meses antes de la celebración de las elecciones generales, demuestra hasta qué punto estaba decidido el socialista a conservar su poltrona, fuese cual fuese el veredicto de las urnas. Es decir, contraviene el sentido del artículo primero de la CE, que reza: «La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan todos los poderes del Estado». El hecho de aceptar poner sobre la mesa el reconocimiento de la 'nación catalana' atenta directamente contra el artículo segundo, cuyo enunciado es inequívoco: «La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas». ¿Qué se hace de esa solidaridad cuando se ofrecen privilegios fiscales a esa comunidad autónoma en detrimento de las demás? ¿Quién financiará el alto coste del «Estado social y democrático de Derecho» consagrado al principio del texto? La Carta Magna sufre una deshonra irreparable con cada término del cambalache urdido entre Sánchez y sus socios. Artículo 3: «El castellano es la lengua española oficial del Estado… Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas comunidades autónomas». Ya no se respeta ni el Congreso de los Diputados. Suma y sigue.

No tengo espacio para citar cada pilar constitucional violentado por esta infamia, porque son innumerables. La amnistía aniquila el principio de igualdad ante la ley formulada en el artículo 14. El 'lawfare' escupe al 117, que habla de «jueces y magistrados independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley». La aceptación de un 'verificador' extranjero, experto en guerrillas, constituye una humillación añadida, otro escarnio más infligido a los españoles vejados, característico de los asaltos sexuales perpetrados en grupo. Mañana, cuando veamos al presidente celebrar, sonriente, el aniversario de la ley de leyes, no olvidemos que la está violando junto a Puigdemont, Junqueras y Otegui.