Energías renovables sí, pero con evaluación de impacto ambiental

En los últimos tiempos en España proliferan los proyectos de energías renovables, fundamentalmente fotovoltaica y eólica, con gran potencial de impacto ambiental y social por su magnitud (miles de hectáreas) y ubicación (en el medio natural). Gracias a la evaluación de impacto ambiental estos proyectos se estaban autorizando después de un análisis técnico riguroso y tras un proceso de información pública y consulta a otras administraciones, por el que se introducen limitaciones, modificaciones y condicionantes de todo tipo, para mejorarlos hasta hacerlos viables. Esto no significa que se eviten los impactos, inherentes a toda actividad humana, y así debemos asumirlo individualmente y como sociedad. Pero conseguimos optimizar los proyectos, en términos de maximizar sus consecuencias positivas y de evitar, minimizar o al menos compensar los impactos negativos.

Pues bien, el pasado 28 de diciembre el Gobierno ha aprobado el Real Decreto-ley 20/2022 que introduce la posibilidad de eximir de evaluación de impacto ambiental a los proyectos de energías renovables, sin limitación de tamaño, con la única condición de no ubicarse en espacios naturales protegidos ni pertenecientes a la Red Natura 2000, ni en el medio marino. Esto implica que se podrán autorizar proyectos sin someterse a información pública y sin informes de otras administraciones que pueden ser de gran relevancia. Con ello se priva a la ciudadanía de su derecho a participar en los procesos de autorización de proyectos que les van a afectar por muchos años de manera directa o indirecta. Tengamos en cuenta que, de llevarse a cabo las previsiones del Gobierno, la superficie afectada por plantas fotovoltaicas de aquí a 2030 será equivalente a un tercio de la provincia de Guipúzcoa, con una vida útil de entre 25 y 40 años.

El artículo 45 de nuestra Constitución consagra nuestro derecho a un medio ambiente adecuado y dispone que los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente. Esto pasa indefectiblemente por que se sometan los proyectos de energías renovables a un riguroso proceso de evaluación de impacto ambiental. La pretendida reducción de plazos para la autorización de estos proyectos no debe ser a costa de menguar sus exigencias medioambientales. Nuestros hijos se lo merecen, pues son ellos los que van a verse privados de los beneficios de todo tipo que nos reportaría hacer las cosas bien y van a sufrir los errores que cometamos en estos tiempos revueltos.