Sin igualdad entre españoles

El texto, que dice partir de dos preguntas, se circunscribe a un objetivo: diluir la unidad de la nación en lo que, según sus palabras, sería un Estado plurinacional. Es de agradecer que en ningún momento disimule su intención y que exponga, abiertamente, su compromiso con el federalismo asimétrico asistido por una crítica de lo que tendenciosamente denomina «café para todos». Olvida que la simetría es, precisamente, una propiedad formal en la que se sustancia la igualdad entre españoles y el café para todos una metáfora malograda con la que se intenta saldar la equidad de la ciudadanía.

Más allá del conjunto de imprecisiones presentes y pasadas del texto (su referencia sesgada al siglo XVIII es un paradójico recurso para quien aspira a defender un ideal de progreso), resulta especialmente inquietante la mención que Urkullu realiza a una eventual convención constitucional que, en esto sí acierta, es una figura propia de la cultura política anglosajona y que es ajena a nuestro ordenamiento jurídico. El lendakari plantearía, así, quebrar la soberanía nacional para conformar una convención como solución «flexible y creativa» que permitiera, a través de la mera interpretación de la Constitución, avanzar en un supuesto carácter plurinacional de España sin modificar la literalidad del texto. Forzar la hermenéutica hasta que la ley diga lo que no dice es la estrategia que plantean quienes no tienen ni la mayoría ni la legitimidad para operar una transformación de régimen. Nuestra Constitución es clara al destacar que «la soberanía nacional reside en el pueblo español» (art. 1) y en su artículo 66 consigna que «las Cortes Generales representan al pueblo español y están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado». Es decir, en el caso de que los españoles legítimamente decidiésemos alterar o modificar nuestro pacto de convivencia habríamos de recurrir a los mecanismos recogidos en el Título X y que exigen un amplísimo consenso cualificado de dos legislaturas sucesivas y un referéndum.

Que alguien con la responsabilidad política del lendakari acaricie la posibilidad de alterar la igualdad entre españoles a través de la conformación de cámaras ilegítimas y asimétricas en su representatividad y que pudieran decantar interpretaciones contrarias a la letra o al espíritu de la Constitución es preocupante. Esta preocupación se acrecienta cuando, en el mismo día, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, se mostró capaz de saludar esta propuesta advirtiendo que la consideraba legítima y digna de valor. Bolaños llegó a afirmar que se trata de una aportación al debate y que eso siempre es positivo. Considerar que la desigualdad entre ciudadanos puede ser una aportación legítima a un debate es, sin duda, una excentricidad de difícil asimilación en una democracia liberal. De igual modo, conceder valor a la posibilidad de explorar fórmulas que puedan desactivar nuestra norma fundamental da cuenta de hasta qué punto el Partido Socialista está dispuesto a sacrificar nuestro pacto constituyente con tal de garantizarse una investidura.

En las últimas semanas se está intentando introducir en el debate público medidas que abiertamente lesionarían nuestro Estado de derecho y nuestro orden constitucional. La amnistía, instrumento específico de los contextos de justicia transicional en los que se impugna el régimen previo al olvido, es un instrumento derogatorio de facto de nuestro acuerdo civil. De igual manera, la desigualdad entre españoles que propugna Urkullu y que Bolaños dice saludar, así como la posibilidad de inventar una cámara alternativa a las Cortes Generales para mutar nuestra norma fundamental es una tentativa extraordinariamente temeraria a la que todos los demócratas, independientemente de su ideología, deberían oponerse con total rotundidad.