La autoridad del docente en el aula

En 2023, la OCDE destacó que el orden en el aula mejora el rendimiento académico y el bienestar emocional del alumnado. Los datos mostrados son el resultado de unas políticas educativas erróneas, sustentadas en la nefasta pedagogía de Mayo del 68, que pretende quitar cualquier atisbo de autoridad a maestros, padres o centros educativos. Este planteamiento considera que la autoridad es despótica y autoritaria, y que la enseñanza debe basarse en el autoaprendizaje del alumno. De esta forma, la función del educador deja de ser la transmisión de conocimientos y se convierte en un colega de sus alumnos, a los que debe caer simpático para no ser vilipendiado en las redes sociales o en los grupos de WhatsApp. Con razón, el prestigioso pedagogo Gregorio Luri ha señalado que la escuela no es un parque de atracciones. Esta metodología educativa supone un cambio radical en el modo de entender la finalidad de la educación, al quitar al profesor la capacidad para mejorar intelectualmente, mostrar la verdad y aumentar los conocimientos de sus estudiantes.

Se detestan la cultura del esfuerzo, el afán de superación, la búsqueda de la excelencia, la recompensa a los alumnos que obtienen mejores resultados académicos, la lucha por alcanzar las metas que cuestan o el aprender a recomenzar después de un fracaso. Se premia la mediocridad y se evita que haya diferencias entre unos alumnos y otros, confundiendo igualdad de oportunidades con igualdad de resultados.

Con este modelo pedagógico, los mejores estudiantes se aburrirán en el aula, se desmotivarán y, lo que es más grave, a largo plazo perderán la ilusión y rebajarán su nivel de exigencia. Es muy loable pretender que nadie se quede atrás y todos salgan adelante, pero al mismo tiempo parece razonable intentar sacar lo mejor de todos los alumnos y no solo de una parte. Además, en muchos casos, serán los mejores estudiantes los que más fácilmente pueden ayudar a sus compañeros dentro del aula.

Esta forma de educar crea una sociedad infantilizada de niños consentidos y sobreprotegidos, que no desarrollan una personalidad madura, a los que se pretende evitar cualquier contratiempo, dándoles en todo momento lo que quieren. Como ha señalado Inger Enkvist, los alumnos pasan a ser clientes que demandan unos servicios a su familia, a su escuela o a la sociedad. Ante esta coyuntura, muchos padres buscan centros educativos que compartan su visión del mundo y sus convicciones. La familia, célula básica de la sociedad, en la que la persona es importante por lo que es y no por lo que posee, es y ha sido siempre la primera y principal transmisora de principios y valores. Por este motivo, algunos gobiernos enemigos de la libertad, que entienden la educación como un laboratorio de ingeniería social y adoctrinamiento, pretenden impedir que los padres participen en el modelo educativo que desean para sus hijos. En este contexto se enmarca la controvertida frase de la exministra Celaá: «Los hijos no pertenecen a los padres». Quizá, podría haber completado la frase añadiendo «excepto los padres que compartan las ideas del actual Gobierno que copresiden Sánchez y Zapatero».

Se comprende entonces que la familia sea la institución más atacada por los herederos ideológicos de aquellos que buscaban arena de playa debajo de los adoquines de la Sorbona. Afortunadamente, hoy en día, nadie duda del necesario papel del Estado para garantizar a todos el derecho a una educación que respete los derechos fundamentales y las libertades públicas. Sin embargo, como ha señalado recientemente en un magistral artículo el catedrático Jorge Sáinz (uno de los mayores expertos educativos de nuestra nación), a pesar de Celaá, la ministra Alegría y la Lomloe, la familia sigue siendo el primer y principal canal para la transmisión de valores y actitudes. Los padres con sus decisiones conscientes o implícitas no solo educan, sino que también transmiten un modo de entender la vida.

Por lo anteriormente expuesto, podemos concluir afirmando que es necesario que familia y escuela vayan de la mano en la formación de los menores. Los poderes públicos deben garantizar el derecho que tienen los padres a elegir el modelo educativo que mejor se ajuste a sus preferencias. Al mismo tiempo, los padres (excepto en caso de clara injusticia o abuso de autoridad) deben respetar y refrendar la autoridad y las enseñanzas del profesor. Sería muy negativo para la madurez de los niños que sus padres acudan al centro escolar a quejarse del nivel de exigencia o de las calificaciones obtenidas. La totalidad de los centros educativos cuenta con canales adecuados para que los padres puedan exponer su parecer sin necesidad de menoscabar la autoridad del docente.

Afirmaba el filósofo griego Pitágoras: «Educad a los niños y no será necesario castigar a los adultos». No nos encontramos ante un asunto de poca importancia, debemos repensar lo que estamos transmitiendo a las generaciones venideras. La educación debe centrarse en la formación integral de la persona y en la búsqueda de la verdad. Dentro de unos años, los que hoy son estudiantes agradecerán y recordarán a aquellos maestros que les hayan enseñado y exigido, que los hayan preparado para afrontar adecuadamente los desafíos de la vida.