¿Verificador? Sí, gracias

¿Un verificador internacional? Sí, gracias. De repente, el Ejecutivo sanchista se encontró con la coartada que mejor le viene para blanquear sus reuniones con Puigdemont fuera de España. Claro que no es lo mismo una componenda secreta, con un relator de pitiminí para dar apariencia solemne a la farsa, que la supervisión oficial de un representante de la UE en una negociación parlamentaria, pero de la equiparación a brocha gruesa se encarga con demostrada eficacia el aparato gubernamental de propaganda. Y en ese ámbito de la narrativa política la derecha se encuentra sin remedio en inferioridad manifiesta, como demuestra la evidencia de que ni siquiera haya sabido explicar bien su oferta mientras el equipo mediático de guardia se apresuraba a destacar el paralelismo con el tejemaneje de Ginebra. Primer 'round' desperdiciado con la habitual torpeza de los populares a la hora de argumentar sus ideas.

Ahora sólo les queda un camino, y es el del respaldo comunitario a su proyecto de reforzar la autonomía de la justicia alejando sus órganos de gobierno de la injerencia política. Sea mediante un cambio de procedimiento electivo o a través de una renovación transparente y limpia que lleve al CGPJ a profesionales de independencia incontrovertida. Cualquier otro resultado –no digamos la acostumbrada cooptación por el método del reparto matemático– constituirá un fracaso que desactivará el último contrapeso democrático que por ahora permanece (semi)intacto ante los intentos indisimulados de tomarlo al asalto. Es obvio que la cúpula de los jueces, y los nombramientos en los altos tribunales que de ella dependen, no pueden permanecen más tiempo bloqueados. Pero más vale que Feijóo pise sobre seguro al dar ese paso. Porque se trata de un mecanismo institucional demasiado delicado para repararlo en falso. Y porque no queda margen para otro engaño.