La política agostada

Además de la ruina del campo, con su devastadora repercusión sobre los precios de los productos alimentarios, este verano puede haber capitales y hasta comarcas enteras obligadas a traer agua en barcos. Eso, las que puedan; si no se registra una pronta subida de la exangüe capacidad de los pantanos, las zonas del interior más agostado corren serio peligro de colapso, o como poco de restricciones de severo impacto incluso en el ámbito sanitario. Y ya es tarde para cualquier medida que no sean intervenciones de estricta emergencia, de alcance muy limitado, coste muy alto y notable complejidad técnica. Las obras hidráulicas de mayor envergadura son largas y las polémicas medioambientales que provocan entre un cierto ecologismo de vía estrecha las vuelven aún más lentas. Se van a producir –ya han asomado– conflictos de solidaridad territorial entre regiones húmedas y secas. A estas alturas no queda otra solución real que un impredecible aluvión pluviométrico de aquí a la primavera.

Con la temperatura media y extrema en continuo ascenso, el del agua se ha convertido en España en el reto crucial de este tiempo. Pero el Gobierno no está en eso, entretenido en construir muros ideológicos en vez de conducciones, trasvases y embalses de aprovechamiento, y a las autonomías les faltan competencias y dinero. La transformación climática no se puede combatir sólo con coches eléctricos. La agricultura, la industria y el turismo, además de una población civil cada vez más concentrada en grandes núcleos urbanos, exigen garantías de regadío y suministro, planes a medio y largo plazo aunque el corto ya se haya perdido. Ante la probabilidad razonable de una catástrofe, el precedente de la gestión de la pandemia ofrece pocos motivos de optimismo. La ausencia de pensamiento estratégico es la gran falla de un sistema político instalado en el cálculo electoral y la invención de enemigos. La crisis institucional va a parecer una nimiedad cuando dejen de funcionar los grifos.