una raya en el agua
Oprobio jurídico
La prolija exposición de motivos se resume en que siete votos bien vendidos conceden impunidad a cualquier delito
La resistencia (12/11/2023)
La razón líquida (11/11/2023)
La parte principal del largo preámbulo de la ley de amnistía (finalmente así llamada, sin eufemismos ni rodeos), dedicada a afirmar con profusa argumentación la constitucionalidad del texto, parece el borrador de una sentencia sobre un recurso que aún nadie ha interpuesto ni cabe ... interponer hasta que se apruebe el proyecto. 'Excusatio non petita', pues, acaso redactada bajo la inspiración o consultoría de alguna mano amiga con ascendiente en las altas instancias jurídicas. Las leyes se suponen constitucionales de partida, porque carecería de lógica elaborarlas en caso contrario, y por tanto suena rara tanta y tan profusa insistencia en demostrarlo con alarde de jurisprudencia exegética y gran aparato de citas de Derecho Comparado. Amén de que si tan claro estaba su encaje en el ordenamiento no se entienden bien las reiteradas declaraciones en sentido adverso que hasta el 24 de julio proferían en cascada personas tan versadas y doctas como los miembros del Gobierno. Algo debió de ocurrir ese día para iluminar el repentino cambio de criterio.
Y es justo ese hecho esencial el que brilla por su ausencia en la prolija exposición de motivos, pesada chatarra discursiva llena de tópicos sobre la restauración de la convivencia y la pacificación de conflictos. Toda esa calderilla retórica puede resumirse en el sencillo principio de que los delitos –incluido el de terrorismo– pueden dejar de serlo si se cometen invocando algún pretendido propósito político, con la condición de que sus responsables sean amigos o hayan decidido convertirse en socios del poder ejecutivo. Y por supuesto, de que dispongan de los votos suficientes para utilizarlos como moneda de cambio en el mercado negro de los favores parlamentarios. La omisión de este dato revela la naturaleza fraudulenta del farragoso prefacio y, en consecuencia, la tara dolosa que pesa sobre todo el articulado, verdadero oprobio para la dignidad de un cuerpo legislativo presuntamente democrático.
En esta parte dispositiva no hay sorpresas, porque no puede serlo ya la voluntad sanchista de arrasar la igualdad de los ciudadanos ante la ley para instituir excepciones a su conveniencia. Se trata de conceder impunidad a todos los participantes por acción, omisión o colaboración en las revueltas, referendos ilegales, malversaciones y corruptelas del independentismo catalán en la última década. Con mucho cuidado y exquisita fineza en el ajuste de la tipificación para que ningún delincuente quede fuera, y amarrando bien las cautelas ante eventuales revocaciones de la justicia europea. Todo a la medida de Puigdemont, el nuevo legislador en jefe de la España moderna, y de su recua de cómplices en todas las esferas. Todo al servicio de la necesidad de Sánchez de sostenerse como sea. Todo en nombre de la autoconcedida supremacía moral de la izquierda. Todo bajo el manto del pacto de la vergüenza.