Mercado de otoño

Es cierto que existen dudas y dificultades. No en la voluntad gubernamental de presentar la ley, que debería ser lo importante, sino en su formulación y su alcance. Por una parte, en la letra pequeña del articulado, la que define los delitos amnistiables, que los beneficiarios quieren extender a la malversación de caudales y hasta a los incendiarios de las calles. Por otra, en la exposición de motivos, donde el soberanismo pretende obtener el reconocimiento explícito de que la revuelta fue la expresión de un anhelo popular legítimo. Eso equivaldría a admitir la validez del referéndum y por tanto aceptar la autodeterminación como principio legal además de político. Ni siquiera Sánchez, por mucho que le urja ser investido, está en condiciones de conceder tal cosa sin riesgo de delinquir él mismo y, en todo caso, de arrastrar a su partido al suicidio. Sus exploradores pueden intentar vender como éxito una eventual renuncia de Esquerra al unilateralismo, pero conducir por esa vía a Puigdemont no les va a resultar nada sencillo. En este contexto general, el preámbulo de la futura norma de borrado penal constituye material explosivo. Aun así, lo normal es que pasada la jura de la Princesa Leonor se acelere el acuerdo porque las elecciones tienen un carácter contingente, una naturaleza de juego a cara o cruz que no conviene a ninguna de las partes del trato en ciernes. La suerte no es un cartero que siempre llame dos veces.