Fraude institucional

Este desarme institucional no es sólo la consecuencia del pacto con los separatistas. Se trata de un designio de colonización instrumental al servicio de un proyecto neobonapartista basado en la interpretación abusiva –el ganador se lo lleva todo—del juego de mayorías y minorías. Es la idea de que la suma de un escaño más faculta cualquier clase de imposición política y habilita al Ejecutivo para establecerse a sí mismo como intérprete único de la soberanía, al punto de laminar las atribuciones de una Cámara de representatividad perfectamente legítima y hacerlo además por una vía fraudulenta, oblicua. Esa proclividad expansiva lleva tiempo extendiéndose a las comisiones reguladoras, a los organismos consultivos, al Tribunal de Garantías, a las agencias independientes, a la Fiscalía. Hasta las empresas del IBEX sufren el reciente desembarco de paraicaidistas encargados de vigilar la observancia de una cierta disciplina. Y sólo la mediación europea ha logrado impedir que la ocupación se extienda también a la administración de justicia.

El problema añadido sobreviene cuando la desarticulación de las instituciones responde a la voluntad expresa de unos socios comprometidos en el desguace del sistema. Cuando el Estado se autodesmantela para complacer exigencias negociadas bajo cuerda en Ginebra. Cuando se retuerce el Derecho con maniobras torticeras diseñadas a medida de delincuentes bajo condena, o se alteran las normas en aras de una especie de autoridad suprema erigida en motor y líder de una mutación de modelo encubierta. Cuando el objetivo de impedir la alternancia impera sobre el elemental respeto a las formas, las convenciones y las reglas. Cuando el poder, en fin, se considera el único preceptor de la dirección histórica correcta y desdeña el equilibrio de la convivencia para someter a media nación a las aspiraciones dominantes de la otra media.