Otra ensoñación

Fueron 680 millones. Repartidos sin publicidad, ni concurso, ni garantías, ni controles. Un alto cargo, ya fallecido, llegó a decir que adjudicaba los fondos con cargo a la partida «Pormisco»: por sus santos cojones. Figura en la declaración de un testigo. El tipo podía hacerlo –a veces en un simple 'post-it', uno de esos papelitos adhesivos– porque la partida específica, la famosa 31L, estaba al margen de cualquier supervisión, creada y surtida desde la Junta ejercicio tras ejercicio para permitir su uso discrecional, arbitrario, potestativo. Tramas de comisionistas e intermediarios iban por las empresas ofreciendo ERE, incentivando despidos con recursos destinados en teoría a solucionar conflictos y en realidad dedicados a fomentar el clientelismo. Los sindicatos hacían de facilitadores y recibían su parte del beneficio. El partido hegemónico sembraba el tejido laboral de favores y obtenía dividendos políticos. Negocio para todos, un lucro fácil, rápido, limpio. ¿Delito? ¿Qué delito?

Sí, caerán algunos intrusos, tal vez algún consejero de Empleo cuyo letrado ha estado poco despierto en el proceso. Chivos expiatorios para demostrar la tesis de los «cuatro golfos» y salvar la apariencia del Estado de derecho. Y quedará la jurisprudencia absolutoria de toda decisión de gobierno aprobada por un Parlamento. Pero nadie explicará la razón de que antes y después de los diez Presupuestos bajo sospecha el mecanismo subvencional funcionase de modo correcto. No fue una confusión, ni un solecismo burocrático, ni un descuido, ni un error técnico; se trataba de un proyecto estratégico, de un sistema viciado, de un método deliberadamente opaco y por tanto fraudulento: un caudal público gigantesco a disposición facultativa del poder para apagar fuegos, dosificar privilegios y obtener los correspondientes réditos. Se llama corrupción: recordadlo cuando os digan que se trató de un mal sueño. Y el dinero no ha sido devuelto.