UNA RAYA EN EL AGUA

Descargo preventivo

Lo que está en tela de juicio no son los pagos en efectivo sino el origen del abundante metálico que manejaba el partido

Elefantes en Palacio

14/10/2025
Actualizado a las 19:37h.

Claro que es legal. En España aún es posible pagar y cobrar en efectivo, con las limitaciones que impuso el Ejecutivo de Sánchez hace cuatro años, y también tener dinero contante en el domicilio privado. De hecho, la UE aconseja disponer de una cierta cantidad a mano ... por si un ataque o una catástrofe colapsan el sistema bancario. El problema es justificarlo, asunto sobre el que Hacienda suele mostrarse muy suspicaz con la mayoría de los ciudadanos aunque no haya demostrado gran interés en las 'chistorras' y los 'folios' de Ábalos, esas cajas repletas de billetes de cincuenta pavos que guardaba en los armarios de su despacho. Por eso la declaración de Sánchez suena a descargo anticipado ante la posibilidad de que su nombre salga a relucir en algún estadillo de pagos en metálico.

Sucede que cuando estaban en la oposición, los socialistas fueron muy exigentes –con razón– con los apuntes manuscritos de Bárcenas, aquellos papeles que registraban una contabilidad paralela de cantidades presuntamente recibidas por dirigentes del PP sin dejar constancia que obligase a declararlas. Ocurre también que el trasiego de abonos del PSOE a la trama de Koldo y su jefe se parece demasiado a esa práctica. Que existen al menos dos testimonios de entregas de sobres en su sede, los de la empresaria Pano y el comisionista Aldama. Y que en la vivienda del exministro había, a tenor de las fotos publicadas en 'The Objective', dinero «para asar una vaca».

El presidente parece haber pretendido desligarse de cualquier sospecha a título preventivo, quizá sabedor de que la UCO puede acabar encontrando registros de facturas de gastos percibidas por él mismo. Pero la cuestión trascendente en este momento no es la de si el secretario general incurrió en algún tipo de ilícito, sólo faltaría, sino la de la procedencia de tanto circulante convertido durante su mandato en procedimiento habitual de la tesorería del partido. Es decir, la hipótesis –verosímil según la investigación judicial– de que en Ferraz hayan podido entrar ingresos derivados de ciertos negocios prohibidos sobre los que han aparecido plausibles indicios.

En teoría, la imputación por financiación ilegal es el límite deontológico cuyo quebrantamiento significaría la caída del Gobierno. Eso proclaman los socios, al menos. Sin embargo, la experiencia reciente de otras líneas cruzadas sin consecuencias permite albergar serias dudas respecto al rigor ético de los componentes de la autodenominada 'mayoría de progreso'. Gentes en cuyo currículum figuran severos delitos condenados por el Tribunal Supremo e indultados o amnistiados a cambio de mantener la legislatura a salvo de cualquier riesgo. Por Ábalos y Cerdán nadie va a mover ya un dedo, pero si el escándalo salta de escala y se aproxima a Pedro los chantajistas siempre podrán encontrar un pretexto para negociar un nuevo rescate… a mayor precio.