Amnistiar a los jueces

De un modo u otro, quede como quede la exposición de fundamentos que ha de servir de base explicativa del proyecto, el sanchismo tiene el control del aparato judicial en su agenda prioritaria de Gobierno. Y lo pretende abordar en términos de ajuste de cuentas desde el convencimiento de que los tribunales son un reducto de la derecha, un búnker donde la reacción se atrinchera tras una barricada de códigos y estatutos que interpreta a su conveniencia. La investidura, de producirse, será el toque de corneta que llame a un asalto en toda regla con el objetivo de meter en cintura a esos rebeldes uniformados con ropones y puñetas. El CGPJ es la clave de un desembarco masivo en el Supremo, los tribunales superiores autonómicos y las audiencias, donde las plazas vacantes por el bloqueo son más de ochenta. En un mandato sostenido por fuerzas anticonstitucionalistas, garantizar la obediencia de los intérpretes de la ley va a ser asunto de crucial importancia estratégica.

No sólo para Sánchez. Puigdemont y el resto de independentistas saben que la amnistía deberá superar múltiples obstáculos legales a la hora de aplicarse. Y que los jueces, para la mayoría de los cuales constituye un atropello jurídico inaceptable, no se lo van a poner fácil en la medida que se les trate de obligar a abdicar de sus responsabilidades. Una medida de esta clase, preludio de la ofensiva en ciernes contra la separación de poderes, anuncia graves conflictos institucionales. Lo que está por medio es la esencia misma del Estado de derecho, del sistema de equilibrios y contrapesos cuyas bases están siendo objeto de denigrante mercadeo. Una justicia subordinada o revocada implica una sociedad condenada al sometimiento, indefensa ante el abuso, la arbitrariedad y el desafuero. Y nada expresa mejor ese caos moral que un Gobierno entregado a la voluntad de un prófugo convertido en insólita fuente del ordenamiento.