Por una ley de huelga

El chantaje de los huelguistas del Metro es el resultado de la impunidad en el ejercicio ilegítimo del derecho de huelga

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EL chantaje al que están sometiendo los huelguistas del Metro de Madrid a millones de ciudadanos es el resultado de la constante impunidad en que se encuentra el ejercicio ilegítimo del derecho de huelga. Este efecto antisocial es especialmente grave en el sector de los transportes públicos, porque multiplica exponencialmente las consecuencias de un paro protagonizado por unos pocos cientos de trabajadores. En el caso del Metro de Madrid, la huelga se está desarrollando ilegalmente, con un incumplimiento premeditado de los servicios mínimos.

El derecho de huelga permanece anclado en una norma preconstitucional y constantemente al margen de una regulación equitativa entre derechos y obligaciones, supeditado al criterio arbitrario de las organizaciones sindicales y ejercido en numerosas ocasiones con actos de fuerza y coacción interna. Estas jornadas de caos en Madrid son responsabilidad exclusiva de los sindicatos convocantes, y las instituciones competentes, como el Ministerio Fiscal, deben depurar responsabilidades.

Todos los ciudadanos aceptan, con mayor o menor resignación, que sus derechos se vean limitados en aras del bien común, pero los sindicatos constituyen una casta ajena al concepto de deber y obligación. Solo conocen derechos, que ejercen alternativamente con actos de sumisión al Gobierno de turno o con actos de puro sabotaje social y económico, no exentos de violencia sobre quienes quieren trabajar. Es muy significativo, además, que la huelga del Metro sea una más de las muchas que tienen como objetivo político el desgaste del Gobierno de Esperanza Aguirre. Es necesaria una regulación de la huelga que ponga fin a la impunidad sindical.