El efecto dominó del Estatut

La sentencia del TC también condicionará futuras reformas estatutarias, porque marca los límites constitucionales del desarrollo autonómico

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CUANDO se conozca el texto de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña, podrá valorarse su incidencia en la cadena de reformas estatutarias que puso en marcha el PSOE y en la que participó el Partido Popular de manera decisiva allí donde los socialistas no antepusieron sus pactos con los nacionalistas. Aquella oleada de reformas de estatutos fue forzada por la necesidad del PSOE de dar cobertura a la del catalán, lo que puso al Estado autonómico en una carrera de agravios, como se ha visto, por ejemplo, en relación con el agua. La participación del PP en esas reformas, criticada por algunos sectores, fue un ejercicio de pragmatismo que evitó su marginación de unos procesos legislativos que, en todo caso, iban a producirse. En la encuesta que ha realizado ABC entre diversos presidentes autonómicos, es unánime la opinión de que el Estado de las Autonomías se ha reforzado en el sentido previsto por la Constitución, es decir, como organización territorial del Estado español y sobre la base de la unidad de la nación española. Y, en general, la encuesta denota alivio político por el reequilibrio impuesto por el TC al recortar el Estatuto catalán. La falta de conocimiento de la sentencia del TC impide mayores concreciones a los presidentes encuestados, pero entre los del PP hay un claro respaldo al recurso presentado por su partido, que lo consideran justificado por el hecho de que haya más de cuarenta artículos del Estatuto catalán afectados por la resolución. Incluso, como destaca el presidente valenciano, Francisco Camps, quedan aún pendientes otros recursos que pueden aportar más precisiones a la sentencia del Estatuto. La Comunidad Valenciana ha impugnado este Estatuto por sus previsiones sobre el agua y el régimen de financiación autonómica, asuntos que, para muchos españoles, fueron despachados en el Estatuto catalán con criterios privilegiados y discriminatorios.

La sentencia del TC también condicionará futuras

reformas estatutarias, porque marca los límites constitucionales del desarrollo autonómico. Uno de los Estatutos que no pudo ser reformado en la anterior legislatura fue el gallego, por el empeño del gobierno social-nacionalista de Pérez Touriño de dar a Galicia el tratamiento de nación, cuestión que ya queda zanjada con la sentencia del TC al negar cualquier relevancia jurídica a la inclusión de este término para definir a una comunidad autónoma. Sin embargo, la reforma estatutaria no parece ser una prioridad inmediata del actual presidente gallego, Alberto Núñez Feijoo, quien, con buen criterio, prefiere centrarse en la superación de la crisis. Es evidente que la sentencia del TC ha reforzado el discurso nacional y homogéneo del PP, por más que la versión oficial del Gobierno hable puerilmente de «derrota» de los populares.