Sánchez, un mandato agotado

Nunca debió comenzar esta legislatura. Desde sus inicios, se sostuvo sobre una ficción: que Junts y el PNV formaban parte de una supuesta 'coalición progresista' cuando no era más que una alianza de la izquierda con los independentistas. Esa coartada sirvió a Sánchez para justificar un pacto de investidura cuyo único fin era satisfacer su ambición de mantenerse en el poder. Pero los hechos siempre se imponen. Junts ya no disimula: Míriam Nogueras, su portavoz, ha declarado que «la legislatura queda bloqueada» y que sus votos «no están al servicio de España, sino de Cataluña». Lo que en su día fue una alianza contra natura, hoy se revela por completo como un error político histórico.

La decisión de Junts no es solo una declaración de guerra parlamentaria. Es un torpedo a la línea de flotación del sistema democrático. Con sus siete votos, una minoría que Sánchez convirtió en clave de bóveda de la institucionalidad, Junts no solo vetará 25 leyes ya en trámite, sino que también hará inviable la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. Estamos, así, ante un hecho sin precedentes: por primera vez desde 1978, una legislatura no discutirá ni una sola ley de presupuestos porque el Ejecutivo ha incumplido ya en tres ocasiones el mandato constitucional que le obliga a presentar las cuentas públicas antes del 1 de octubre de cada año.

La responsabilidad política recae exclusivamente en Pedro Sánchez. Él eligió sostener su presidencia sobre una combinación incompatible, apelando a una retórica progresista que ahora se derrumba. La destrucción de su coalición –si es que alguna vez fue tal– desnuda el chantaje permanente bajo el cual Sánchez concibe la política: en la anterior legislatura le concedió los indultos a ERC y, en ésta, ha humillado el orden jurídico con una amnistía para los separatistas. Mientras Moncloa intenta tapar el sol con un dedo con comunicados de «mano tendida» y ofertas sin credibilidad, el país entero observa cómo se disuelve el marco institucional sin que nadie asuma el coste político.

En esta legislatura, el Gobierno ha confundido resistencia con gobernabilidad y sobrevivir con liderar. Sánchez ha eludido la verdad: que sin Presupuestos no se puede gobernar, que sin leyes no se puede legislar, que sin mayoría no se puede prometer estabilidad. Ahora, despojado de apoyos reales, atrapado por la geometría imposible del Congreso y sin legitimidad para seguir impulsando iniciativas, el presidente debe afrontar la realidad: su mandato está agotado.

El bloqueo no es una anécdota parlamentaria, sino una crisis de régimen. La parálisis institucional que se avecina afectará a la economía, a la gestión pública, a la posición internacional de España y al marco de convivencia territorial. Si el Gobierno no puede cumplir con su obligación constitucional más básica –presentar los Presupuestos–, la única salida honorable y democrática es devolver la palabra a los ciudadanos. La disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones generales ya no es una opción política, sino una exigencia institucional.